La solución al conflicto creado entre el Ministerio de Justicia y el colectivo judicial en torno a las reformas impulsadas por Gallardón pasa por que el Gobierno se siente a dialogar con los profesionales del sector. Así lo defendió ayer el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, titular del departamento que ostenta las competencias autonómicas en materia de Justicia. Rueda abogó, a preguntas de los periodistas, por la apertura de un «cauce de diálogo» que sería «beneficioso para todos», ante las protestas contra la reforma que se organizaron ayer en varias ciudades y movilizaron a centenares de profesionales.
El vicepresidente conjugó esa apuesta por negociar con la tesis de que el sector judicial precisa reformas. Valoró que Gallardón haya abierto ese debate, cuando sería más sencillo «non tomar ningunha medida e evitar as protestas». Admitió, con todo, que la queja del colectivo es «bastante unánime». Dicho esto, resaltó que, dentro de sus competencias, la Xunta ha mejorado el turno de oficio y mantendrá el plan de infraestructuras judiciales.
Más contundente, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, expresó su desacuerdo con Gallardón, que relaciona las protestas con la pérdida de la paga extra y el recorte de los días de permiso de 18 a 12. «Cada uno es responsable de sus propias palabras. Yo no me meto en las palabras del señor ministro. La responsabilidad es de él», sentenció.