La variable de la encuesta que proporciona un enfoque más llamativo sobre el impacto de las recientes y sucesivas subidas de las tarifas de las autopistas gallegas procede de la valoración de los consultados en función de la provincia en la que residen. Los porcentajes más altos de ciudadanos entrevistados que defienden que las concesionarias de las autopistas gallegas deben aplicar aquí los descuentos de los que se benefician los usuarios en otras comunidades se dan entre los que viven en las provincias de A Coruña (86,8 %) y Pontevedra (83,8 %). Pese a que sigue siendo claramente mayoritaria, esa demanda se modera entre los que viven en Lugo (77,8 %) y Ourense (72,1 %).
Estos datos ponen de manifiesto el clamor social en las dos provincias más afectadas por el repunte de las tarifas de la AP-9, que este año encadena tres subidas sucesivas: la del 3 % aplicada en enero; la del 7,5 % que entró en vigor el 29 de julio, a raíz de la decisión del Gobierno central de traspasar al usuario la parte que pagaba a las concesionarias; y la resultante del incremento del IVA del 18 al 21 %, que desde el sábado encarece todavía más el trayecto por la vía que gestiona Audasa. El aumento de la tarifa entre las dos principales ciudades gallegas es de 1,35 euros en ocho meses. En la AP-53 (Santiago-Lalín) el incremento acumulado desde enero es de 35 céntimos.
Solo el 4 % de los consultados rechazan la idea de que las concesionarias deben aplicar más bonificaciones.