Argumenta que al adelgazar el sector público se creará empleo privado
19 may 2012 . Actualizado a las 14:17 h.El Gobierno está preparando una profunda reforma del sector público que será «dolorosa» y provocará decenas de miles de despidos, según admitieron ayer fuentes económicas del PP. Mariano Rajoy está dispuesto a continuar con su «agenda reformista» viernes tras viernes, aunque ayer fuera la excepción, sin que le tiemble el pulso. De momento, ha acometido las reformas y ajustes «más urgentes», según advierten los populares, pero después de la modificación del marco laboral, los recortes sin precedentes en sanidad y educación o la reestructuración del sistema financiero, uno de los asuntos más importantes que quedan pendientes es la reorganización del sector público.
Aunque aún no está decidido cómo se llevará a cabo, el Gobierno trabaja a partir de una reducción del peso de los servicios públicos en el PIB del 45 % actual al 35 %, lo que supondría volver a porcentajes del 2004. Rajoy quiere que el adelgazamiento del sector público se plasme en los Presupuestos del año que viene. Para ello actuará en tres direcciones: privatización de servicios, eliminación de duplicidades entre las Administraciones central, autonómica y local, y aplicación de la nueva normativa que les impide gastar más de lo que ingresan.
Destrucción de empleo
Fuentes del PP reconocen que el «redimensionamiento» del sector público provocará una importante destrucción de empleos en el corto plazo, aunque no quieren dar una cifra concreta. En todo caso, supondrá un significativo recorte de la plantilla de empleados públicos, que actualmente es de 3,16 millones, de los cuales 1,7 pertenecen a las comunidades autónomas, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la Administración central, y las empresas e instituciones públicas, más de 150.000.
Los populares confían en que buena pare de esos empleos perdidos se trasvasen al sector privado a medio plazo. Además, consideran que rebajar los salarios a los funcionarios, como han hecho en Cataluña y Andalucía, no es la mejor solución a medio y largo plazo, sino reducir al máximo el sector público.
Además de adelgazar el sector público y reorganizar las Administraciones, el Gobierno tiene previsto acometer en los próximos meses reformas en la energía, la educación y la justicia. Y otra que puede provocar un gran enfrentamiento con los nacionalistas: la instauración del mercado único.
Recuperar la confianza
Los dirigentes populares están convencidos de que esa es la única vía para recuperar la confianza de los mercados. Pero, aunque va a insistir en las reformas, el propio Rajoy ya dejó claro el miércoles que la solución no depende solo de las medidas de austeridad que adopte España, sino también de lo que haga Europa. Su llamamiento a la UE para que lanzara un mensaje claro y contundente de apoyo al euro y de sostenibilidad de la deuda pública, mientras la prima de riesgo alcanzaba máximos históricos, marcó un antes y un después. La presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, insistió ayer al pedir a Europa que «también haga los deberes» para preservar al euro, una moneda que «es de todos» y que sufre envites de los mercados y los especuladores que «al final perjudican al crecimiento».
No incluirá en la ley la transparencia de la Casa del Rey
El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás e insiste en dejar fuera a la Casa del Rey de la aplicación del futura ley de transparencia. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a utilizar el argumento de que no es una administración pública, lo que rechazan algunos juristas. Retomó el ejemplo de la monarquía británica, que no está sometida a la ley de transparencia de su país, que se considera un referente mundial en este tipo de normas. De esta forma, desoía las peticiones ciudadanas y de destacados constitucionalistas que habían pedido que se incluyera a la Casa del Rey, después de la polémica que desató el viaje del monarca a Botsuana en plena crisis.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido que sí estarán sometidos a la ley los adjudicatarios de contratos públicos y los colegios profesionales. Son algunas de las escasas novedades que se han incluido tras analizar las casi 3.700 aportaciones de los ciudadanos. Tampoco atiende la petición de eliminar el silencio negativo de la Administración.
Hacienda sancionará
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de sancionar a los altos cargos que cometan irregularidades con el dinero público, excepto los ministros y secretarios de Estado, que recaerá en el Consejo de Ministros. Las sanciones irán desde la destitución de los cargos públicos y la no percepción de pensiones indemnizatorias hasta la obligación de restituir las cantidades percibidas, También prevé la inhabilitación por un período de entre cinco y diez años, aunque en este caso serán los tribunales los que tendrán que tomar la decisión.
El Gobierno decidió ayer dar luz verde al anteproyecto de la ley sin esperar a que se pronuncie el comité de expertos de 38 personas, designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El código de buen gobierno, incluido en la ley, podría ser aprobado por el Parlamento antes de final de año y entrar en vigor en el 2013.