El ajuste está siendo severo, y sin embargo el déficit apenas disminuye. Lo que demuestra que, pese a ciertas campañas interesadas en demonizar el Estado de las autonomías, las comunidades no son una sima de despilfarro. Cierto que hay algunos casos escandalosos. Pero el 75 % de sus gastos se van en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y dependencia). Así que el siguiente tajo será inevitablemente en el corazón del Estado de bienestar. Ese es el debate: ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos en esa carrera absurda que nos lleva de cabeza a otra recesión? Ni el gasto público ni las autonomías son la causa de la crisis. Lo cual no significa que no haya que introducir racionalidad y mejorar la eficiencia en la gestión de lo público. Habrá que discutir sobre la distribución de competencias, pero, sobre todo, sobre un sistema de financiación absolutamente inadecuado. Una tarea pendiente que debe abordarse entre todos y desde la reflexión, sin estar sometidos a intereses electorales ni desde el ventajismo de quien pretende aprovechar la confusión para vaciar o recentralizar el Estado.