El motor de la reforma del ministerio público

Julio Á. Fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El impulso del fiscal general cesante a los cambios en la Fiscalía no le han evitado las críticas del PP

18 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el cese de Cándido Conde-Pumpido Tourón como fiscal general del Estado. El decreto aprobado en el último Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero no hizo más que dar cumplimiento -con una semana de antelación, y a petición del interesado- al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en vigor desde el año 2007 y del que Conde-Pumpido fue el principal impulsor, que vincula el cese del fiscal general al del Gobierno que lo ha propuesto.

Para ocupar el despacho que deja vacante en la madrileña calle Fortuny se barajan distintos nombres, que van desde el de Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, hasta el del polémico Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional -el principal obstáculo para que socialistas y populares no hayan logrado un acuerdo en la renovación del Tribunal Constitucional- pasando por Carlos Lesmes, magistrado del Supremo, que ya fue director general de Justicia con Michavila en el Gobierno de Aznar.

El gallego Cándido Conde-Pumpido, jurista de tercera generación -hijo del prestigioso abogado pontevedrés Manuel Conde-Pumpido Ferreiro y nieto del ferrolano Luciano Conde-Pumpido, coronel auditor del cuerpo jurídico de la Armada- se reincorporará en breve a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al puesto que dejó en el año 2004 a instancias de María Teresa Fernández de la Vega, para cubrir la vacante de Jesús Cardenal.

En estos siete años logró sacar adelante un nuevo estatuto orgánico, que casi homologa a la Fiscalía española con las más avanzadas de nuestro entorno y apostó fuerte por la especialización de los fiscales, con más o menos acierto a la hora de elegirlos, según los casos, pero con resultados palpables, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Estos avances no le han evitado las críticas del PP, que lo ha llegado a calificar de brazo ejecutor del Gobierno en algunos casos de corrupción, como el que desenmascaró la trama Gürtel. Aunque también molestó al nuevo partido en el Gobierno su postura favorable al proceso negociador con ETA durante la tregua del 2006.