Los cambios en la ley electoral causan un gran malestar en la diáspora
17 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los emigrantes españoles repartidos por el mundo probaron ayer por primera vez la sensación de votar en urna en los consulados. Lo harán también hoy y mañana, aunque sus representantes recuerdan que no se puede llamar urna a lo que simplemente es un «depósito consular que no ofrece ninguna garantía». El resto votará por correo si tiene la suerte de que lleguen a tiempo las papeletas, pues el sistema se sostiene en los servicios de correos de los países de destino. Para ello se ha ampliado el plazo y serán válidos los que tengan el matasellos del día 19 de noviembre. La intención es no poner trabas adicionales a un proceso que ha generado un gran malestar en la diáspora.
¿Qué se pretendía con las modificaciones?
Por supuesto, reducir el amplio nivel de fraude que se había detectado en la gestión del voto emigrante. Para ello se introdujo la solicitud de sufragio, que garantizaría con mayor solidez la relación directa entre el acto de votar y el elector. Una instrucción posterior de la Junta Electoral Central abrió el abanico y, según algunas interpretaciones, desvirtuó el sentido de la reforma al permitir la solicitud colectiva o por fax. Los cambios en el voto emigrante iban incluidos en reformas más amplias y la necesidad de consenso difuminó las propuestas intermedias de los sectores más sensibles a la emigración de los grandes partidos.
¿Cuál es la posición de los emigrantes?
Sus dirigentes y representantes dan cuenta de una desafección creciente y de un sentimiento de que su país de origen no quiere que mantengan un vínculo electoral que tiene un gran valor para ellos. En sus abundantes escritos solicitando a distintas instancias que presentaran recursos de inconstitucionalidad, alegan que su exclusión de las elecciones municipales y el voto rogado vulneran el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución. Destacan además la «paradoja» de que se produce un «recorte de derechos» en paralelo a la extensión de la ciudadanía española a los nietos de los exiliados. Hay más españoles fuera, pero menos votantes.
¿Se impulsará una nueva reforma?
Es improbable que una ley electoral que está blindada en múltiples aspectos -por ejemplo, aquellos que consagran el bipartidismo- sufra dos reformas consecutivas en legislaturas sucesivas. Aunque el PP y el PSOE admiten ahora que quizás habría que haber buscado un mayor equilibrio entre las garantías de limpieza y el fomento de la participación, tan solo Izquierda Unida y Coalición Canaria rechazaron de plano la reforma, mientras que el apoyo parcial del Bloque se tradujo primero en una abstención y después en un voto en contra.
¿Cuál puede ser el desenlace?
Dependerá en buena medida del dictamen del Tribunal Constitucional, que recientemente admitió a trámite un recurso del Gobierno de Canarias, con una importante comunidad en Sudamérica. De hecho, el Ejecutivo del archipiélago buscó aliarse con la Xunta de Galicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad conjunto. Finalmente, el Gobierno de Feijoo no lo vio conveniente, pues supondría desautorizar a la dirección nacional del partido.
¿Se pueden habilitar mejoras?
Existen opciones para mejorar la aplicación de la ley actual, pero son caras y complejas. Exigiría una campaña informativa más amplia y una agilización de los envíos. También se podrían establecer convenios con los servicios de correos de los países donde residen un mayor número de españoles, así como aumentar la red de consulados.