Rajoy exige al Gobierno hablar «a calzón quitado» de las comunidades, y los socialistas acusan a los populares de «gamberrismo político»
07 jun 2011 . Actualizado a las 12:24 h.Mariano Rajoy se desentendió ayer totalmente de las denuncias del PP sobre la situación de «quiebra total» de las cuentas públicas en Castilla-La Mancha. Prefirió desempeñar el papel de futuro presidente y, en su discurso ante la junta directiva nacional, ofreció al Gobierno la la lealtad y la contribución de su partido para reducir el déficit público y sanear las finanzas autonómicas, «desde las instituciones en la parte que le toque y en aquello que le corresponda».
Pero al mismo tiempo exigió al Gobierno que asuma su responsabilidad, convoque ya un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los planes actualizados de rebaja del déficit que reclama la UE y hable «a calzón quitado» con las comunidades autónomas sobre el estado de sus cuentas públicas, para definir un «horizonte de salida claro y entendible». El líder del PP se mostró preocupado por el descenso de los ingresos en los primeros cuatro meses del año.
«Policía bueno»
Pero mientras Rajoy ofrecía su lealtad, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, denunciaba la «profunda deslealtad institucional» del PP por asegurar que Castilla-La Mancha está en la bancarrota. Fue incluso más lejos al acusarlo de practicar «una deslealtad rayana con el gamberrismo político». Iglesias exigió a Rajoy, que no se había referido al asunto ante la cúpula de su partido, que «dé credibilidad a las cuentas públicas españolas», que están «perfectamente acreditadas».
Iglesias siguió la línea marcada por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y señaló que la actuación del PP responde a una estrategia para «justificar las medidas de recortes, de retroceso social y de ajuste en las políticas del Estado del bienestar». El número tres del PSOE aseguró que Rajoy está jugando a ser el «policía bueno», ya que dice que va a ser leal con el Gobierno para controlar el déficit, mientras que el «resto de los portavoces desacreditan las instituciones y las cuentas públicas».