El enjuiciamiento al magistrado genera división entre las fuerzas políticas
13 abr 2011 . Actualizado a las 10:48 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició ayer los trámites para suspender por segunda vez cautelarmente a Baltasar Garzón de sus funciones como juez después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo decidiese sentarlo en el banquillo por ordenar las escuchas a los implicados de la trama Gürtel y a sus abogados. La primera medida del consejo fue reclamar a la Fiscalía que informe si procede apartar a Garzón de la carrera judicial por esta causa.
La decisión del CGPJ, sea cual sea, no tendrá efectos prácticos. Garzón ya está suspendido de manera preventiva como instructor de la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo del 2010, cuando el Supremo le abrió juicio oral por prevaricación al declararse el juez competente para investigar los crímenes del franquismo. El acuerdo para iniciar los trámites para este segundo apartamiento preventivo se tomó por unanimidad por la comisión permanente del Poder Judicial. No obstante, dos miembros se abstuvieron, como han hecho en todos los asuntos que se refieren a Garzón. Se trata del vicepresidente, Fernando de Rosa, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y a quien el juez de la Audiencia Nacional recusó por su amistad manifiesta con el presidente valenciano e imputado en el caso Gürtel, Francisco Camps; y de Margarita Robles, ex amiga de Garzón, y con la que terminó enfrentado tras el breve paso del juez por la política.
Entretanto, el enjuiciamiento a Garzón por posibles irregularidades en su investigación del caso Gürtel antes de que se celebren los juicios contra los presuntos miembros de la trama de corrupción provocó la división de opiniones entre los partidos.
La situación indignó al PSOE, IU y PNV, fue vista con normalidad por el PP, que tiene a dirigentes implicados en este escándalo, y fue aplaudida por ERC, que no duda de que las escuchas violan el derecho a la defensa.
«Presunción de inocencia»
El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, consideró «una paradoja» que inaugure el banquillo quien destapó el caso de corrupción «más grande» habido en España y que algunos de los imputados no solo no sean juzgados, sino que se presenten a las elecciones.
El más contundente fue Gaspar Llamazares (IU), quien opinó que «la Justicia española es un escándalo» y que el Supremo con su decisión le ha mandado un aviso a todos los jueces que estén tentados de investigar sobre la memoria histórica o la corrupción, algo así como «no te metas donde nadie te llama». Para Josu Erkoreka, del PNV, es una situación «inmensamente chocante», que denota que «algo no funciona bien».
El PP, pese a los duros ataques que en el pasado realizó a la instrucción de Garzón, al que tachó de parcial, se limitó a decir que es un ciudadano más y que «está sometido a la ley y a los tribunales como cualquier otro».
«Falta de fundamento»
Garzón, por su parte, afirmó que la decisión del Supremo de abrir juicio oral contra él es «no solo precipitada», sino «falta de fundamento». Confía en demostrar que lo que dice el auto «no se sostiene» y aseguró que tanto su actuación como instructor, como la del juez que continuó, fue «sujeta a la legalidad» y que las decisiones que tomó (en este caso, las grabaciones de las conversaciones entre abogados y reclusos) fueron de acuerdo «con una interpretación de la ley, pero desde luego sin ningún tipo de posibilidad de que se pueda calificar como delito».