El Defensor del Pueblo insta a que se ayude en el pago de la hipoteca a familias en casos de insolvencia

La quejas ante el Defensor del Pueblo crecieron en el 2010 un 25% por la crisis, según informó ayer la institución que dirige María Luisa Cava de Llano, demandas que en gran medida tuvieron que ver con la economía y las prestaciones sociales. En el año que concluye, inició más de 34.000 expedientes, elaboró informes monográficos sobre agua y ordenación del territorio y sobre los contenidos a los que los menores acceden en televisión e Internet, y recurrió ante el Tribunal Constitucional dos leyes catalanas, la de acogida de inmigrantes y el código de consumo. La crisis llevó a «un considerable número de ciudadanos» a exponer ante la institución «la necesidad de regular con mayor eficacia y concreción las situaciones de insolvencia familiar o personal», al estilo de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. Para el Defensor del Pueblo, «la actual legislación, que aplica la Ley Concursal a este tipo de casos, no ofrece una respuesta adecuada, tanto por el elevado coste que conlleva, que provoca un mayor empobrecimiento de quien ya se encuentra en una situación precaria, como por la dilación excesiva en el tiempo de este tipo de procedimientos». Al Defensor le preocupa especialmente el caso de las familias afectadas por la crisis y que tienen que hacer frente a una deuda hipotecaria. «La ley -destaca la institución en su balance del 2010- impide que dicha deuda se vea pospuesta o interrumpida, lo que dificulta la recuperación de la economía doméstica». Por ello, aboga por crear «mecanismos de arbitraje que solucionen este tipo de problemas que, por ejemplo, propicien que el plan de pago a los acreedores se realice de manera pactada y bajo el control de la Administración o del juzgado». Con ello persigue que las familias, sin dejar de atender sus obligaciones, «puedan cubrir sus necesidades vitales mínimas, para no agravar un procedimiento que afecta también a su salud y su seguridad». Los «swaps» hipotecarios Se recibieron también «numerosas quejas» de afectados por los llamados «swaps hipotecarios», productos financieros que permutan los tipos de interés para cubrir un riesgo sobre un préstamo hipotecario, y sobre los que se mantiene abierta una investigación. El Defensor del Pueblo entiende que «no son un instrumento de garantía para los clientes, sino más bien un producto especulativo que beneficia a las entidades financieras, dado que incrementa el riesgo de forma desproporcionada». A lo largo del 2010, el Defensor «continuó recibiendo numerosas quejas» contra centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, por «posibles tratos degradantes, así como por supuestas malas prácticas en los programas de intervención». También mantiene abierta una investigación sobre las «disfunciones» en el acceso a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud, que ha constatado hasta el momento «la existencia de amplias listas de espera y significativas diferencias en cuanto a los criterios y requisitos establecidos por las comunidades autónomas». Además, se investigan casos de nacidos con malformaciones a raíz de que sus madres, en la década de los 60 del siglo XX, tomaran el fármaco talidomida. En el 2010, el Defensor inició cerca de 2.000 expedientes en materia de extranjería, un 30% más que en el 2009, y entre las quejas destacan las de matrimonios compuestos por ciudadanos nacionales y extranjeros a la hora de lograr visados o las dificultades, «cada vez mayores», para la reagrupación familiar. Preocupa también la situación de mujeres extranjeras víctimas de trata de blancas y la determinación de la edad de los menores extranjeros que llegan a España sin compañía, dos cuestiones sobre las que el Defensor del Pueblo realizará informes monográficos en el 2011.

---

---

---