Desarticulada en Madrid una red de prostíbulos de lujo que explotaba sexualmente a más de 350 mujeres
ESPAÑA
Más de medio año de paciente y compleja investigación de agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid (Ucrif) han concluido esta semana con el desmantelamiento de una organización dedicada desde hace 15 años a la explotación sexual de mujeres.
La operación, de una envergadura sin precedentes recientes en nuestro país, se saldó con 105 detenidos, de los cuales 10 ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid y el resto quedaron en libertad con cargos.
La organización explotaba a más de 350 mujeres de 13 nacionalidades y para ello disponía de una amplia red patrimonial, con 13 pisos de lujo en la zona de Ramón y Cajal -conocida en otros tiempos como Costa Fleming-, en el distrito de Chamartín, de Madrid.
Según la delegada del Gobierno, la red tenía una facturación bruta de unos 700.000 euros al mes, de los que invertía entre 30.000 y 45.000 en anuncios por palabras en cada uno de los periódicos madrileños.
Dirigida por un saudí
La organización tenía una estructura piramidal y estaba formada por distintos escalones. El jefe máximo era un saudí nacionalizado español en 1999, llamado Kas Saleh, que ingresó en prisión. Al frente de la organización estaban un director general, encargado de las decisiones estratégicas y el control global, y un director operativo con decisiones sobre funcionamiento. De ese equipo dependían las controladoras por zonas, encargadas de cada uno de los 13 centros de prostitución y las telefonistas-recepcionistas, con funciones de información, facturación y trato con clientes y prostitutas.
Contaban también con un completo departamento de administración, distribuido en dos sedes, que asumía tareas de gestión documental, facturación, publicidad, relaciones con entidades bancarias, cuadrantes de trabajadores y prostitutas, gastos corrientes y personal auxiliar: servicios de mantenimiento, informática, seguridad y mensajería.
La organización controlaba 15 empresas dedicadas a blanquear el dinero que ingresaba. Al frente de ellas había colocado como administradores y apoderados a telefonistas y/o encargadas de los centros de prostitución. A los administradores les pagaba 500 euros mensuales y 200 euros a los apoderados. Estos, en la mayoría de los casos, no conocían el nombre de las sociedades que representaban.
Las mujeres que ejercían la prostitución permanecían las 24 horas en el centro y estaban sometidas a turnos, todo bajo la supervisión directa y estricto control de las encargadas .
Finalizado el turno, y siguiendo órdenes de la cúpula, cada centro ingresaba la recaudación, bien en las cuentas bancarias establecidas, o en la caja fuerte del local.
Según el Ministerio del Interior, todos los trabajadores de los servicios de limpieza, mantenimiento, informática y seguridad eran personal sin contrato de trabajo, la gran mayoría, extranjeros en situación irregular.