El desarrollo de la causa contra el magistrado, al que se quería dar un escarmiento, hizo que el proceso degenerase en un enfrentamiento entre el Supremo y la Fiscalía
16 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Por esperada y predecible, la decisión adoptada el pasado viernes por el órgano de gobierno de los jueces no va a dejar de pasar a los anales de la historia judicial de este país. El juez más emblemático de la democracia era apartado, formalmente de modo provisional, del juzgado donde llevaba trabajando más de dos décadas, con un talante y estilo polémico, pero eficiente.
Era algo que se veía venir, aunque no por ello deja de resultar increíble. Aparentemente, su delito no es otro que empeñarse en utilizar a nivel interno los mismos principios de la justicia penal universal a los que recurrió hace más de una década en el caso de algunas dictaduras latinoamericanas y le valió un reconocimiento internacional casi unánime.
Tal vez el factor más novedoso en este proceso sea el choque que ha provocado entre dos instituciones de tanta envergadura como el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado, dirigida en estos momentos por un ex magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal, la misma que tiene incoados otros dos procesos contra Garzón y que con anterioridad ha rechazado de forma sistemática cerca de medio centenar más que le fueron presentadas.
Hacía tiempo que existía un cierto consenso entre los distintos operadores jurídicos de alto nivel en que había que «bajarle los humos» a un juez demasiado osado, demasiado mediático. Su empeño en abrir un proceso al franquismo ha dado pie a que más de uno de los que ahora se echan las manos a la cabeza de cómo han evolucionado los acontecimientos no viera con malos ojos la admisión a trámite de una querella, sin darle demasiada importancia a quien la firmaba porque, como toque de atención, servía igual.
Pero los acontecimientos no tardaron en tomar otro cariz. Detrás de esa primera querella vinieron otras. Con el argumento de que no se podía descartar de antemano que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, se les dio curso.
Fue la evolución de los acontecimientos lo que llevó a la Fiscalía a plantarse. De entrada, no apoyó ninguna de las tres querellas admitidas a trámite, lo que dejaba una puerta abierta a los instructores para archivarlas, acogiéndose a precedentes anteriores, según los cuales no cabe abrir juicio oral solo a instancias de las acusaciones populares.
No sirvió de nada. Ni se valoró el gesto de no apoyar la recusación del instructor planteada por Garzón. A ello, según razonan en privado cualificadas voces del foro madrileño, pudieron haber contribuido, de forma determinante, la presión mediática -no siempre gratuita y altruista- a la que fue sometido el alto tribunal y la estrategia de defensa seguida por el imputado. «Se defiende atacando», razonan.
Pero el momento álgido de la confrontación entre el Supremo y el ministerio público fue el último recurso firmado por el fiscal Luis Navajas, en el que solicitaba la nulidad de actuaciones en la causa de los crímenes del franquismo.
La respuesta del instructor Luciano Varela -que actúa por delegación de la sala- en el auto de apertura de juicio oral no fue precisamente conciliadora. Solo le faltó pedir la imputación del fiscal firmante del recurso. En esa guerra, lo de Garzón ya ha pasado a un segundo plano, aun siendo la primera víctima.