Salvo que guarde algún as en la manga, a Baltasar Garzón, después de lo que decida hoy el órgano de gobierno de los jueces, no le va a quedar más remedio que colgar la toga por un tiempo indeterminado.
La gran cantidad de horas que cada día le venía dedicando a su profesión, dentro y fuera de la Audiencia Nacional, ahora podrá aprovecharlas para preparar con sus abogados su defensa jurídica en los distintos frentes que tiene abiertos, a impartir conferencias y a escribir libros, cosa que no se le da nada mal.
Pero también se le brinda, aunque sea con siete años de retraso, la oportunidad de incorporarse a un nuevo destino en la Fiscalía del TPI, que encaja plenamente con su brillante currículo de pionero y abanderado de la justicia penal universal.
El Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya es un ente judicial permanente e independiente, creado hace casi una década para investigar y procesar a individuos acusados de los crímenes más graves, como los de lesa humanidad, de guerra y genocidio, a pesar de que ha nacido lastrada por la falta de apoyo de las grandes potencias mundiales.
En ese tribunal, la Fiscalía tiene un papel clave, aunque en los siete años que lleva funcionado, su protagonismo y eficacia han brillado por su ausencia. Al actual titular, Luis Moreno Ocampo, le quedan apenas dos años de mandato. En el mundo jurídico existe un amplio consenso en que Baltasar Garzón sería el personaje ideal para sustituirlo.
Ahora solo falta que el candidato acepte irse sin el billete de vuelta a la Audiencia Nacional que, según todos los indicios, nadie le quiere dar.