El juez considera, según su abogado, que los actos de apoyo hacia él y las críticas al Supremo lo perjudican
16 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declaró ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena como imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con el patrocinio por parte del Banco de Santander de unos cursos impartidos en la Universidad de Nueva York por el juez, que posteriormente archivó una querella contra el presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín. Garzón aseguró que nunca se dirigió al Santander para solicitar fondos y negó también que el banco pagara «ni directa ni indirectamente, ni en primera ni en segunda persona» cantidad alguna correspondiente a la escolarización de su hija, que lo acompañó durante su estancia en Nueva York, ni por sus desplazamientos.
El juez, que se negó a contestar a las preguntas de los abogados que presentaron la querella contra él, explicó que durante los cursos que impartió entre los años 2005 y 2006 recibió 160.000 dólares y que dicho dinero le fue abonado por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. Añadió que nunca sugirió a este centro que el Banco de Santander sufragara los cursos y que cuando viajó a Norteamérica ni siquiera sabía cuáles iban a ser sus honorarios.
Cartas de Zapatero y Rato
En referencia al posterior archivo de la querella contra el presidente del banco, Emilio Botín, indicó que al no haber recibido dinero de esa entidad y no haber por tanto causa legal para ello, no podía abstenerse.
El magistrado fue preguntado también por el contenido de unas cartas que dirigió a Emilio Botín en las que somete a su consideración el presupuesto de los cursos y encabezadas con la expresión «querido Emilio». Respondió que esa es su forma habitual de dirigirse a muchas personas y que eso no indica que recibiera cantidad alguna del banquero. Y aportó para rematar el argumento cartas similares dirigidas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al vicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato, también encabezadas con la palabra «querido».
Garzón llegó andando al Tribunal Supremo, compareció durante cinco horas en las que el juez le hizo cerca de 60 preguntas y fue interrogado también por el fiscal, que pide el archivo de la causa.
En cuanto a los ataques que está recibiendo el Supremo por esta y otras causas contra Garzón, su abogado, Enrique Molina, aseguró que el juez «no se siente perseguido», en contra de lo que afirman quienes lo defienden y que incluso las manifestaciones de apoyo y de crítica al tribunal «lo perjudican». Explicó que las tres causas que tiene abiertas en el Supremo se deben a «imputaciones diferentes y con orígenes diferentes», por lo que, según Molina, «pensar que el Tribunal Supremo somete a alguien a persecución es desde el punto de vista de un profesional algo inasumible».