La parte más novedosa y noticiosa de los 26 folios que forman el auto de procesamiento dictado el pasado 24 de febrero y difundido anteayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco son las dos líneas en las que alude a la «cooperación gubernamental venezolana con la ilícita colaboración entre las FARC y ETA».
¿Qué elementos indiciarios contiene el auto que sustenten una afirmación que, nada más hacerse pública, ha dado la vuelta al mundo?
El principal es el estatus de que goza en la Venezuela bolivariana Arturo Cubillas Fontán, Arturo, a quien el juez le otorga en su auto la condición de delegado de ETA en Venezuela y coordinador de las relaciones con las FARC desde el año 1999, con Chávez ya en el poder.
Arturo, como se encargó de recordar la Embajada de Venezuela en Madrid en su nota oficial de respuesta al auto, llegó a Caracas hace 21 años, con la anuencia del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que lo acogió a petición del Ejecutivo español, presidido entonces por Felipe González. Más etarras fueron acogidos por esas mismas fechas en distintos países de la región -Cuba, Santo Domingo y México, entre otros- pero con el compromiso de tenerlos controlados.
Arturo lleva cinco años en nómina del Gobierno bolivariano, en un alto cargo en el Ministerio de Agricultura, al que llegó de la mano del actual vicepresidente de Chávez. Su esposa está también en nómina del Gobierno, pero en un cargo de mayor nivel.
Verosímil, pero insuficiente
El otro apoyo de la tesis judicial es que en agosto del 2007 dos etarras impartieron en territorio venezolano un curso teórico práctico sobre técnicas avanzadas en el manejo de explosivos a 13 miembros de las FARC. Los asistentes a este curso, según el juez, iban acompañados de una persona que vestía un chaleco con el escudo de la DIM (dirección de inteligencia militar venezolana) y de un vehículo escolta con militares venezolanos. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que la tesis del instructor es más que verosímil, pero entienden que eso no es suficiente para plasmarla en un auto de procesamiento, con lo que adquiere más fuerza mediática que jurídica.