Los populares aprovechan la detención del Rafita para reabrir el debate sobre la duración de las penas, que el Gobierno considera ya suficientemente duras
26 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La necesidad de incluir en la legislación la cadena perpetua es un debate que se aviva cada vez que algún hecho de sangre conmociona a la sociedad. La detención por robar un coche, el pasado domingo, de Rafael García Fernández, conocido como el Rafita y condenado en el 2003 por violar y matar a la joven Sandra Palo, unido al primer aniversario del crimen de Marta del Castillo, ha provocado un nuevo grito pidiendo la cárcel de por vida. Pero el debate no está solo en la calle. Ahora es el último motivo de crispación entre el Gobierno y la oposición.
La mecha la encendió María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, quien lamentó que el asesino de su hija no esté en la cárcel. «¿Será necesario que vuelva a violar o a matar?», se preguntó. Pero el Rafita , que fue juzgado según la ley del menor, pasó cuatro años en un centro de menores, sumado a tres años de libertad vigilada (que concluyen en junio de este año). La familia de Sandra pide que los políticos cambien la ley para establecer la cadena perpetua, mientras que el padre de Marta propone que «el pueblo decida» mediante un referendo.
Al tiempo que el Rafita era detenido en Madrid, en Sevilla, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, recordaba la muerte de Marta del Castillo y aseguraba que «la calle» quiere que se debata la implantación de este tipo de pena y que los políticos deberían abordar la cuestión «sin complejos». A su vez, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se declaró partidaria de la reforma de la ley del menor así como de la «cadena perpetua revisable», que permite evaluar cada cierto tiempo la capacidad de reinserción del condenado.
Sin responsabilidad
Para Aguirre, la detención del Rafita demuestra que algo falla. «Si has visto cómo asesinan a tu hijo, no puedes tomarte con paciencia que los asesinos salgan a la calle y sigan delinquiendo», aseveró. Aguirre aprovechó para defenderse de las duras acusaciones lanzadas por el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que responsabiliza al Gobierno de la popular de no haber vigilado al delincuente. «La Comunidad de Madrid no es responsable de la libertad vigilada de l Rafita », dijo la presidenta madrileña, quien aseguró que esa tarea le corresponde a Instituciones Penitenciarias.
Después vino la réplica del Gobierno, que dejó claro que la reforma de estas leyes no está sobre la mesa. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseveró ayer que el sistema penal español es «el más duro de Europa» y explicó que en España «los delitos graves están penados con 40 años de prisión, que se cumplen íntegramente». «La cadena perpetua como tal en Europa no existe», dijo el ministro, quien añadió que, en todo caso, la Constitución impide su implantación. Rubalcaba acusó además al PP de crear «una confusión terrorífica» y de hacer propuestas «disparatadas» para no perder a su electorado.
También la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se sumó al cruce de descalificaciones entre partidos, y urgió al PP a presentar en el Congreso sus propuestas para introducir la cadena perpetua «y no limitarse a lanzar la idea en mítines». «No se puede usar el dolor ajeno para hacer demagogia», acotó Pajín, quien se refirió además a la existencia «desde hace mucho», de «pactos que nadie se ha atrevido a cambiar», como el de la cadena perpetua.
El último en sumarse a la agria polémica fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para quien no se debe «rentabilizar el dolor de las víctimas» con propuestas como la de instaurar la cárcel de por vida. El ministro advirtió además que «no se puede legislar a golpe de Facebook», y, al igual que Rubalcaba, declaró que «la cadena perpetua tiene un difícil encaje» en la Constitución Española. Para Caamaño, «hay que estar con las víctimas, pero hay que ser conscientes de que la legislación penal es algo muy serio».