La secretaria general del PP soltó la bomba del verano desde Marbella el pasado 6 de agosto: sus dirigentes están siendo espiados dentro del marco de una conspiración orquestada por el Gobierno contra su partido, en la que participarían policías y fiscales. La acusación, sin una sola prueba, de las presuntas escuchas ilegales de Cospedal se ha vuelto contra los populares como una especie de «fuego amigo» y ha unido a todos los grupos en su contra. Rajoy, que avaló a De Cospedal, ya no habla de escuchas y dice tener solo la «convicción» de que las ha habido. Pero al PP esta ofensiva le ha servido para tapar los casos de corrupción que le afectan. Nadie ha mencionado a Bárcenas, a la espera de que el Senado conceda su suplicatorio, ni a Camps, ni apenas el caso Gürtel. Por eso va a a insistir y llevará el asunto al Congreso, donde tratará de poner en apuros a la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se adelantó al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa de Camps. Zapatero no está dispuesto a entrar al trapo, como demostró con el desdén con que trató el tema el viernes, porque eso sería ponerse a la defensiva, cuando entiende que es al PP al que corresponde dar explicaciones por el caso Gürtel.