No hay indicios de que Baltasar Garzón sea el responsable de las filtraciones aparecidas en prensa sobre la investigación judicial de la supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos públicos del PP. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad el archivo de las quejas interpuestas por el Partido Popular y su tesorero, Luis Bárcenas, contra el juez instructor de la causa.
Los cinco vocales de la comisión han dado el visto bueno al informe realizado sobre este asunto por los servicios de inspección del CGPJ, en el que se proponía el archivo por no encontrar en la actuación del titular del Jugado Central de Instrucción número 5 responsabilidad disciplinaria alguna.
El informe revela además que Garzón abrió una pieza separada el pasado 9 de febrero y cuatro días más tarde interrogó a la imputada Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept, y a su abogado para esclarecer la presencia de información sobre la operación Gürtel en la prensa. Estos admitieron que habían hablado del caso con varios medios de comunicación.
Imputada y fuente
La imputada admitió ante el juez que los medios de comunicación la llamaban todos los días para que les «confirmara datos» y precisó que la documentación que aportó al juzgado se la había entregado meses antes a un periodista de una revista nacional, si bien dicha información no llegó a publicarse.
El informe de la inspección también da cuenta de las actuaciones realizadas por la propia Fiscalía para detectar filtraciones, que concluyeron que no había constancia de que el ministerio público estuviera filtrando información y que remitió a las dos y media de la tarde del 9 de febrero un informe a la secretaría del Juzgado Central 5, «parte de cuyo contenido fue publicado en medios de comunicación con anterioridad a que dichos documentos entraran en este juzgado».
Por otra parte, el presidente del Consejo del Poder Judicial acordó ayer abrir una investigación interna para aclarar el origen de la filtración de las grabaciones de las comparecencias ante la comisión de calificación de algunos candidatos a presidir la Audiencia Nacional, publicadas ayer.