¿Por qué Baltasar Garzón está tardando tanto en inhibirse, en lo que atañe a los aforados en la causa que instruye contra una trama de corrupción que actuaba en al menos en tres comunidades autónomas?
¿Podía seguir investigado a partir del momento en que afloraron en ella los primeros aforados? ¿La providencia dictada ayer es una nueva maniobra dilatoria en respuesta a la querella presentada contra él por el PP?
El punto de vista de las distintas fuentes jurídicas consultadas se resume así: «Con la ley en la mano, por ahora, el instructor lo está haciendo bien». Pero al mismo tiempo puntualizan: «Otra cosa es cómo maneja los tempos judiciales».
La cronología de los hechos avala claramente esta interpretación. Cuando el instructor de la causa se encontró con los primeros indicios de que afectaba a aforados, inmediatamente pidió al fiscal que se pronunciase sobre la pertinencia o no de inhibirse en favor de los tribunales superiores respectivos. Este trámite ya lo realizó hace casi un par de semanas.
El fiscal, cuando lo consideró pertinente, se pronunció a favor del desglose de la parte que afectaba a los aforados valencianos y de la inhibición en todo lo demás a favor de Tribunal Superior de Madrid, «para que no se rompiese la unidad de la investigación», según fuentes de la fiscalía.
A partir de ahí, Garzón pidió al menos otros dos informes a la Fiscalía y siguió trabajando, al amparo del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo autoriza a seguir practicando «todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo».
A las tres y media de la tarde del lunes le llegó un nuevo informe que dio un vuelco espectacular a la historia.
Mientras tanto, al PP no se le ocurrió nada mejor que presentar una querella contra él, «casi delictiva, porque contiene amenazas y chantajes», según la calificó un veterano jurista que no es precisamente fan de Garzón. La decisión de admitirla o no a trámite -casualidad o no tanto- recayó en el número dos del Tribunal Supremo.