Urkullu matiza que hay que respetar, «aunque no nos gusten, la reglas de juego que tenemos en el Estado español»
22 ago 2008 . Actualizado a las 02:22 h.Agencias El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, indicó ayer en una entrevista que si el Tribunal Constitucional (TC) prohíbe la celebración de la consulta sus promotores buscarán ganar legitimación en Europa, pero matizó que, para ello, primero hay que respetar, «aunque no nos gusten, la reglas de juego que tenemos en el Estado español». Declaró que no es tan optimista en cuanto a la resolución que tomarán los jueces como el lendakari Ibarretxe -quien ha afirmado que no contempla otra respuesta que no sea la de que esta se pueda celebrar-, ya que considera al TC como un tribunal «que está politizado».
Ante un pronunciamiento negativo, Urkullu manifestó que su partido no va a cejar en el empeño, pero puntualizó que la respuesta será «absolutamente responsable». Así, ha marcado dos líneas a seguir: buscar los «resquicios» que se pueda para ganar legitimación en Europa y «hacer pedagogía social» para explicar que en las preguntas de la consulta «no se plantean la independencia ni la secesión», sino el «abordaje del final de la violencia». Respecto a las divergencias con su socio de partido -Eusko Alkartasuna (EA), que insiste en que la consulta se celebre a pesar de una hipotética prohibición del Tribunal Constitucional- Urkullu negó que él haya generado polémica alguna y explicó que su partido se limita a mantener la «actitud sensata» que le corresponde por estar dentro del Gobierno y que «forma parte de un sistema».
El derecho a opinar
También ayer, el presidente de EA de Guipúzcoa, Iñaki Galdos, mostró su «enfado» y «preocupación» por la decisión del Constitucional de no admitir a este partido, así como a PNV, EB y Aralar, como personación en el proceso sobre la legitimación de la consulta que promueve el lendakari. «Pensamos que todo esto dice muy poco en favor de la calidad de la democracia española», aseguró Galdos.
El dirigente guipuzcoano opinó que, en torno a la consulta popular, «están sucediendo cosas muy graves» ya que «se está tratando de cercenar un derecho a la sociedad vasca», impedir que dé su opinión e «ignorar y despreciar su voluntad».
«A la sociedad vasca le asiste el derecho a opinar sobre su futuro -ha insistido- y la ley [de consulta] aprobada en el Parlamento vasco es absolutamente legítima, democrática y también legal».
Estas declaraciones avivan la polémica iniciada el miércoles por el secretario general de EA de Guipúzcoa y titular de Justicia de Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, quien aseguró que «al final, lo que se demuestra es una falta de calidad democrática en este país». Ante estas declaraciones, el Partido Socialista de Euskadi se pronunció, por boca de su secretario general, Iñaki Arriola, y pidió que «le inhabiliten como consejero de Justicia».
Arriola destacó ayer que «el objetivo de estas declaraciones es desprestigiar al TC» y recordó a Azkarraga que «los partidos no están legitimados para ser parte en el proceso». «Los únicos legitimados para ello son, según la ley, el Gobierno, el Congreso y el Senado, así como los demandantes y los demandados», recalcó.
A juicio del socialista, «quienes han buscado la intromisión de lo político en la Justicia han sido precisamente el tripartito y Aralar, al pretender personarse en el recurso que el Gobierno y el PP presentaron en julio contra la ley de consulta del lendakari Ibarretxe, a sabiendas de que no tenían legitimación». El socialista volvió a cargar contra los independentistas vascos concluyendo que «están intentando desprestigiar a las instituciones del Estado de derecho, pero lo único que están logrando es desprestigiarse a sí mismos».