De la Vega advierte a las autonomías de que se acabaron «los tiempos de la reivindicación»
08 may 2008 . Actualizado a las 12:14 h.La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a proponer ayer en el Congreso la necesidad de lograr una reforma «pactada y limitada» de la Constitución y anunció además que promoverá una subcomisión en la Cámara para estudiar la reforma de la ley electoral.
De la Vega, en la primera comparecencia de un miembro del nuevo Gobierno, explicó en la Comisión Constitucional que el Ejecutivo solicitará de forma inmediata al Consejo de Estado un informe sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral para entregarlo a la subcomisión como herramienta de trabajo. Esa subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, estaría encargada de debatir y evaluar «posibles cambios» basados siempre, advirtió, en el mayor consenso posible.
La reforma de esta ley se había convertido desde las pasadas elecciones del 9M en uno de los principales caballos de batalla de dos partidos: Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que se sienten discriminados por la proporción del número de votos y diputados. Así, IU-ICV, con casi un millón de votos, logró dos diputados, mientras que CiU, con 200.000 menos, ha sumado 11 escaños.
La vicepresidenta, que compareció para exponer los objetivos del Gobierno para la nueva legislatura, reiteró también el deseo de lograr consensuar, esta vez sí, una reforma constitucional «necesaria, justificada y demandada» en cuatro puntos.
Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial; incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas; garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado; e introducir el proceso de integración europea.
Ley de la Memoria Histórica
Por otra parte, se comprometió a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de la Memoria Histórica y de la que restituyó a los partidos los bienes incautados durante la Guerra Civil y ha reiterado la promesa de aprobar una ley integral para la Igualdad de Trato.
En este contexto, avanzó que el Gobierno presentará antes de que finalice el año un «plan de derechos humanos», documento que, según ha explicado, impulsará la actuación de los poderes públicos en este campo.
De la Vega aseguró que el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración de los derechos y ha citado en concreto el derecho al aborto, tras los casos de mujeres que han visto peligrar el derecho a la intimidad o el convenio que permite a religiosos formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos.
En política territorial, apostó por perfeccionar el Estado de las Autonomías, institucionalizando la Conferencia de Presidentes y convirtiendo a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en un actor fundamental.
«Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación», manivestó de la Vega, quien anunció que todos los proyectos normativos incorporarán un «informe de impacto autonómico».
Junto a esta cuestión, apostó por basar la relación entre el Gobierno y el Parlamento en el diálogo, el consenso y la responsabilidad e insistió la necesidad de renovar los órganos constitucionales. «Creo que existen renovaciones que resultan ya inaplazables o, si lo prefieren, hay interinidades que resultan ya inexplicables», subrayó.
Entre los compromisos no cumplidos en la pasada legislatura y que el Gobierno llevará de nuevo al Parlamento, la ley general Audiovisual y la creación del Consejo Superior de Medios Audiovisuales.