Es la primera vez que envía una carta al Ejecutivo para protestar por unas declaraciones del ministerio público
29 feb 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Tribunal Constitucional, por primera vez desde su creación en 1979, remitió ayer una carta al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, para denunciar y mostrar su rechazo a las duras críticas realizadas el lunes pasado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, contra una de sus resoluciones, palabras que sus magistrados consideran «intolerables».
Los doce miembros del Constitucional, en un escrito de unas pocas líneas, transmiten su «malestar» unánime ante las palabras del máximo responsable del ministerio público, porque creen que las afirmaciones de Conde-Pumpido son excesivas, «gratuitas» y superan el ámbito de la crítica jurídica, según las fuentes consultadas.
La carta es fruto del tremendo enfado con el fiscal general que desde el lunes crece en los despachos del Constitucional, aunque las mismas fuentes señalaron que el texto no va más allá de constatar este hecho. Ni pide que se depuren responsabilidades ni hace alusión alguna a la idoneidad o no de la persona del fiscal general para desempeñar este cargo.
La misiva, no obstante, abre una crisis sin precedentes en la Justicia española, al implicar al Ejecutivo en un enfrentamiento público entre el máximo garante de la Constitución, la institución pública encargada de defender la legalidad (la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es nombrado por el Gobierno) y la cúpula del sistema judicial español, el Tribunal Supremo, cuyos miembros, también descontentos con la sentencia del Constitucional, denunciaron el martes pasado que ese tribunal invadió sus competencias exclusivas.
El fiscal general discrepó el lunes «total, radical y absolutamente» de la sentencia del Constitucional que exculpó a los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina de estafa y falsedad documental por considerar que ambos delitos habían prescrito. La polémica sentencia revocó la resolución en sentido contrario dictada en el 2003 por el Supremo y libró a los Albertos de cumplir los tres años y cuatro meses de cárcel y de pagar la multimillonaria indemnización que les impuso el alto tribunal por estafar a sus socios unos 40 millones de euros en 1987, durante la venta de los terrenos en los que más tarde construyeron las torres KIO de Madrid.
El Supremo también respondió con contundencia a la resolución del Constitucional sobre los Albertos. Sin embargo, los magistrados no han hecho referencia alguna a esta posición porque creen que la valoración hecha pública por el alto tribunal, aunque contundente, es «ponderada» y se desenvuelve de forma exclusiva en el campo de la crítica jurídica.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad, rechazó el martes la nueva interpretación sobre la figura de la prescripción de los delitos formulada por el Constitucional, reafirmó que solo considera válida su actual jurisprudencia sobre este asunto, acusó al tribunal de vulnerar la Carta Magna por revisar decisiones adoptadas por el máximo intérprete de la jurisdicción ordinaria y le recordó que su único campo de acción es «lo dispuesto en materia de garantías constitucionales», por lo que no puede convertirse en una tercera instancia penal.