El Tribunal Supremo considera que el Gobierno ha actuado contra el PCTV en cuanto ha tenido pruebas
ESPAÑA
El Tribunal Supremo considera que el Gobierno y la Fiscalía han actuado judicialmente contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuando han tenido indicios que le han permitido sostener una demanda. La Sala Especial del Supremo, en un auto emitido ayer, rechaza así la tesis de que se haya hecho la vista gorda durante meses ante la existencia de posibles vínculos entre ese partido y la ilegalizada Batasuna.
La resolución judicial, como ya ocurrió el sábado con ANV, rechaza la suspensión cautelar del PCTV por considerarla «desproporcionada», cuando en unos meses el alto tribunal dictará sentencia sobre su ilegalización. Por motivos semejantes tampoco acepta la clausura de las sedes del partido y el embargo de sus cuentas bancarias. Sí ve causa suficiente, sin embargo, para ordenar a las Administraciones públicas el embargo cautelar de las subvenciones y ayudas, porque no significa una pérdida definitiva del derecho y puede ser reparado si la ilegalización no prospera.
Los 16 magistrados han tenido que dar su opinión sobre la idoneidad del trabajo de los acusadores públicos como contestación a la propia defensa del PCTV que, durante la vista para las medidas cautelares, defendió que no cabía acordar la suspensión de actividades porque el Estado «había consentido esta situación -la supuesta colaboración con Batasuna- durante largo tiempo» sin hacer nada al respecto.
El precedente del 2005
El letrado defensor se refería a que el Gobierno dejó presentarse a las elecciones autonómicas vascas del 2005 al PCTV, que logró siete diputados gracias al apoyo electoral de la base social de Batasuna, y que, desde entonces, ha dejado trabajar sin trabas a este partido.
El auto del Supremo, aprobado por unanimidad, dice que este argumento no puede ser acogido porque «el tiempo requerido por el Estado para acreditar adecuadamente las situaciones de hecho y de manera fundada al respecto no es en modo alguno un consentimiento de tales situaciones de hecho».
Por un lado, el juez Baltasar Garzón tiene incoadas diligencias penales para investigar los hechos sospechosos desde el 18 de mayo del 2005, días después de las autonómicas vascas; por otro, el tribunal cree que la Fiscalía «ha tenido la participación procesal que le incumbe en el impulso» de estas diligencias.