Podría modificar la ley para desatascar las negociaciones Plantea impedir que el CGPJ tome decisiones de calado una vez concluido su mandato
16 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.El Ejecutivo está dispuesto a modificar la ley para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, presidido por Francisco José Hernando, concluyó su mandato el pasado mes de noviembre. Desde entonces ha sido imposible que los dos partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo sobre su nueva composición. Los socialistas aseguran que los populares exigen una «injustificada» minoría de bloqueo a cambio de desatascar las negociaciones y advierten de que no cederán al chantaje. Aprovecharán la reforma de la ley orgánica del CGPJ, diseñada por el ex ministro Juan Fernando López Aguilar, para lograr su objetivo. Al Gobierno le ha costado mucho tomar una decisión que en el PSOE se venía reclamando desde hacía tiempo El nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dejado claro en varias ocasiones que la interinidad del actual Consejo lo incapacita para tomar decisiones trascendentes como los nombramientos judiciales. El problema es que eso no consta en ninguna parte. Limitar por ley las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando éste haya concluido el mandato ayudaría, a ojos del Gobierno, a su renovación. Pero también plantearía problemas. «Tendríamos que estudiarlo bien porque muchas de las decisiones que toma el CGPJ tienen que ver con el funcionamiento ordinario de la Justicia, que no puede verse afectado», subrayan fuentes gubernamentales. Mayoría conservadora La idea es impedir que el PP saque provecho de la mayoría conservadora de este órgano; una mayoría que es reflejo de la composición de las Cortes Generales del 2002, cuando los populares tenían mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Los socialistas se quejan de que el CGPJ se ha convertido en un ariete contra el Gobierno. En lo que va de legislatura le ha creado no pocas dificultades con su oposición a determinados aspectos del Estatuto de Cataluña, a la ley contra la violencia doméstica y al matrimonio entre homosexuales. Por eso buscan el modo de restringir su capacidad de maniobra. Una de las opciones que estudia el Ejecutivo es la de imponer que, cumplidos los cinco años de mandato, sea la Comisión Permanente -formada por sólo cinco vocales de los 21 que conforman el pleno- la que asuma el gobierno en funciones. Su capacidad quedaría, además, limitada a nombramientos judiciales tasados o expedientes para el normal funcionamiento de la Justicia. En todo caso, lo que no podría hacer este órgano son nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional, ni informes de proyectos de ley. Aunque eluden decirlo abiertamente, fuentes del PSOE admiten que les preocupa también en manos de quien esté la sala especial del Tribunal Supremo, la que ilegalizó Batasuna y juzga las infracciones a la ley de partidos. Su presidente es el propio presidente del Tribunal y del CGPJ, en este caso, el conservador Francisco José Hernando. Sin embargo, aseguran tener ya asumido que la renovación no se hará antes de las próximas elecciones municipales.