Pide que se investigue a Manos Limpias por denuncia falsa El sindicato de funcionarios tiene como líder a un ex dirigente de Fuerza Nueva
11 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo notificó ayer un auto en el que acuerda el archivo de una querella presentada por el secretario general del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y la fiscala Olga Sánchez, por supuesta destrucción de pruebas del 11-M. El alto tribunal ordenó la deducción de testimonio de las actuaciones y su remisión al juzgado decano de Madrid para que investigue a esa asociación por los delitos de acusación y denuncia falsas. La resolución del Tribunal Supremo, sin precedentes en la historia judicial reciente española, se fundamenta en que la actuación de esa asociación «podría ser fraudulenta y estar movida por la intención torticera de minar la credibilidad de la Justicia». El auto ha sido acogido con gran satisfacción en medios jurídicos de la Audiencia Nacional por considerar que «asociaciones como ésta, sin respaldo social alguno y sin motivo, se dedican de forma persistente a acosar e incordiar la acción judicial». Sin representación El llamado sindicato de funcionarios Manos Limpias, que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo, tiene como secretario general a Miguel Bernard Remón, ex dirigente de Fuerza Nueva, de quien el tribunal recuerda que viene ejercitando «un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española». Precisa el auto que de la documentación que acompaña a la querella se desprende que Miguel Bernad Remón sólo está facultado para dar fe de las resoluciones y acuerdos adoptados en la asamblea general, pero en modo alguno puede ejercitar acciones en representación del colectivo». En la querella, que Bernard presentó en el mes de octubre contra el juez Juan del Olmo y la fiscala Olga Sánchez, éstos eran acusados de haber destruido pruebas del 11-M al autorizar el desmantelamiento de los vagones en los que explotaron las bombas y la «inhumación sin previa autopsia» de los terroristas que se suicidaron en Leganés.