Un estudio de Transparency International otorga una nota de aprobado, tras años de notable Los datos contrastan con los del resto de la UE, cuyos índices mejoran de forma clara
06 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.La especulación urbanística ha elevado la tasa de corrupción en España hasta los «peligrosos niveles» que se vivían en los años noventa. Esta es la principal conclusión del último estudio de la oenegé Transparency Internacional (TI), dedicada a analizar y comparar los índices de percepción de la corrupción (IPC) en 163 países de todo el mundo a través de encuestas a expertos e instituciones del ámbito de la administración y la política. La duodécima oleada de este estudio destaca que España, por primera vez en los últimos seis años, pasa del notable al aprobado alto, con una nota de 6,8, igual a la de 1999 y por debajo del 7,1 del 2004 o el 7 del 2005. España ocupa el puesto número 23 en el ránking mundial de la corrupción, por detrás de buena parte de los países europeos y en el nivel de otros estados como Barbados, Estonia, Chile, Macao, Portugal, Malta, Eslovenia o Emiratos Árabes. Desmanes constructivos El presidente de TI-España, el catedrático Jesús Lizcano, quien recordó que el empeoramiento de los datos nacionales tiene lugar mientras el resto de los países de la UE mejora de manera clara sus índices, aseguró tajante que este crecimiento de la percepción de la corrupción está muy relacionado con los desmanes urbanísticos de los gobiernos locales, ya que «no hay alarmas en otros sectores como la policía, el legislativo, el ejecutivo o el judicial. No hay una corrupción estructural y no hay que demonizar a todo el sistema, pero la corrupción urbanística está manchando la imagen de todos los sectores», señaló el director del estudio en España. En opinión de otro de los analistas de TI, Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset, el problema del repunte de la corrupción en España es la falta de financiación de los municipios, que tienen que recurrir a la venta de terrenos públicos para cubrir «gastos básicos» como el pago de los funcionarios. Las recetas de Transparency Internacional para intentar «corregir» las tasas de corrupción pasan en primer lugar por un pacto de Estado urbanístico que limite ese poder de los ayuntamientos. Otras soluciones son, según los analistas, una verdadera ley del gobierno local, un nuevo sistema de incompatibilidad y una ley de acceso a la información publica y que obligaría a los ejecutivos locales a dar publicidad a los proyectos urbanísticos desde el inicio de los estudios y no sólo una vez que se han firmado los convenios. El barómetro de TI mide los niveles de corrupción en el sector público y está realizado por nueve instituciones independientes.