El Tribunal concluye que los perjuicios aducidos por el Gobierno son «hipotéticos y de futuro» La paralización era motivada por un conflicto de competencias entre Estado y Comunidad
21 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?os anteproyectos de construcción del cierre norte de la M-50 y de la nueva carretera R-1, impulsados por el Gobierno de la Comunidad, podrán seguir adelante según la resolución dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 18 de julio y dada a conocer ayer por la Administración regional. La paralización del proyecto vino motivada por un conflicto positivo de competencias entre el Estado y la Comunidad. El Gobierno central entendía que la autonomía invadía las competencias del Ministerio de Fomento al construir dos carreteras incluidas, en principio, en los planes estatales. El auto promulgado por el Tribunal Constitucional autoriza al Gobierno Regional a convocar los concursos públicos para la realización de estos anteproyectos y concluye que «los perjuicios aducidos por el abogado del Estado son aún hipotéticos y de futuro, carentes, en definitiva, de la consistencia necesaria para sustentar la suspensión de las resoluciones impugnadas, que se presumen legítimas». Asimismo, y aludiendo a los daños al medio ambiente, particularmente por el cierre de la M-50 a su paso por el Monte del Pardo, el Tribunal Constitucional señala que «no se puede constatar aún su certeza e inmediatez, pues lo que prevén las resoluciones impugnadas no es la realización de obras, sino de estudios y proyectos previos». Además, añade que «en la normativa autonómica aludida se constata la valoración de los intereses mediambientales y la posibilidad de corrección de los posibles perjuicios. No obstante, recuerda al Gobierno regional que «la representación del Estado siempre podrá aportar al Tribunal nuevos datos en orden a la reconsideración y, sin perjuicio de que se pueda suscitar la suspensión de actuaciones posteriores a través de su correspondiente impugnación ante el Tribunal». Por su parte, el Gobierno regional considera que ambas infraestructuras son «esenciales para mejorar la movilidad de los ciudadanos del norte de la región», y afirma que de esta manera se «evitarán los continuos atascos, sobre todo, en la carretera de Burgos». Los argumentos aducidos por el Gobierno Central para interponer ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias en dos ocasiones, el 23 de marzo y el 21 de abril, han sido siempre los mismos: «La Comunidad ha sobrepasado el ámbito competencial que le corresponde, vulnerado las competencias exclusivas atribuidas al Estado, en materia de carreteras». Gobierno sostiene que las competencias de la Comunidad de Madrid «se circuscriben al ámbito intracomunitario y a las carreteras cuyos itinerarios no hayan sido calificados por el Estado como de interés general».