Los tradicionales desacuerdos y enfrentamientos entre la mayoría conservadora (designada por el PP) y la minoría progresista (PSOE e IU) en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen paralizada desde comienzos de enero pasado la renovación de la cúpula del Tribunal Supremo, el órgano máximo del sistema judicial español, y la cobertura de siete vacantes de magistrados del alto tribunal. Desde hace casi tres meses, unos 200 juristas de reconocido prestigio y más de quince años de ejercicio profesional están a la espera de que los vocales del CGPJ sean capaces de llegar a un consenso de al menos tres quintos de los votos del pleno (13 de 20) sobre los candidatos más adecuados para cubrir las presidencias de las salas de lo Penal, lo Civil y lo Militar del Supremo y las siete vacantes de magistrado creadas por la jubilación de sus titulares. Uno de los tres candidatos a la presidencia de la Sala de lo Penal, José Antonio Martín Pallín, veterano y prestigioso magistrado del Supremo, quiso ayer denunciar el «descrédito» institucional que provoca la situación al máximo órgano de Gobierno de los jueces y anunció a los periodistas que renuncia a la plaza. Negociación de pasillos Martín Pallín, miembro fundador de la progresista Jueces para la Democracia, indicó que tras casi tres meses sin que el CGPJ «haya motivado o explicado las causas por las que se está produciendo este retraso» sólo puede pensar que las «decisiones se están formando y negociando, al margen del órgano competente, en pasillos y conciliábulos». Fuentes de la corriente progresista rechazaron que el retraso en la designación de miembros del Supremo se deba a una lucha de nombres para colocar en cada plaza a los candidatos más favorables a su línea ideológica, sino que lo que pretenden es pactar unos criterios objetivos que permitan elegir por mérito y capacidad. Desde la mayoría conservadora se indica que el bloqueo se debe a que los progresistas quieren lograr una cuota de nombramientos afines mucho mayor a su representación en el CGPJ. Entienden que el problema tiene su origen en la reforma legal reciente del Gobierno, que pone el acento en el consenso y la pluralidad en vez de en el mérito y la capacidad.