Sustituidos los máximos responsables de las cárceles de Lugo y Pontevedra Veintiuno de ellos cesan en sus cargos y otros diez cambian de centro
05 oct 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, puso ayer en marcha una de las mayores remodelaciones vividas en las prisiones desde la llegada de la democracia. Gallizo relevó a 31 de los 66 directores de las cárceles bajo su control. El Ministerio del Interior explicó que 21 de los responsables cesan de sus cargos y otros diez son trasladados al frente de otros centros.
La medida obedece a una reorganización del sistema penitenciario, según la explicación oficial, La decisión afecta a casi la mitad de los directores de las prisiones que heredó del PP.
Quedan al margen de esta remodelación los centros penitenciarios de Cataluña, que no dependen del Ministerio del Interior porque la Generalitat tienen transferida la competencia.
Los directores destituidos o trasladados son los de las prisiones de Ceuta, Melilla, Villabona (Asturias), Ibiza, Alicante II-Villena, Burgos, León, Valladolid, Badajoz, Cáceres, Algeciras, Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Puerto-II (Cádiz), Daroca (Zaragoza), Teruel, Lugo-Bonxe, Pontevedra-A Lama, Logroño, Madrid-I, Madrid-II, Madrid-III, Madrid-IV, Madrid-V, Madrid-VI, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Ocaña-II (Toledo).
Las destituciones masivas de este martes son el segundo golpe de timón de la nueva directora de Prisiones, pero no será el último porque el Gobierno prepara una avalancha de reformas legislativas en el sector. El pasado junio, días después de tomar posesión, Gallizo revocó la polémica instrucción 9/2003 del anterior responsable de Prisiones, Ángel Yuste, que impedía el acceso al tercer grado -el régimen abierto- a los presos que no hubieran satisfecho las indemnizaciones fijadas en la condena para las víctimas.
La directora de Instituciones Penitenciarias consideró que esta circular restringía aún más que la legislación vigente el paso a la semilibertad, impedía la reinserción y frustraba que los reclusos pudieran trabajar en la calle para poder hacer frente a las cantidades exigidas por la Justicia. Todo ello, además de obligar al ya sobrecargado sistema penitenciario a soportar un mayor número de reclusos.
Esta medida afectó a centenares de presos que, a excepción del requisito de haber pagado la responsabilidad civil, cumplían todas las demás condiciones para acceder al tercer grado, pero que en los últimos doce meses se han visto abocados a continuar en régimen cerrado al haberse declarado insolventes durante los juicios.
Cambios legislativos
La reforma prevista por Gallizo no tiene visos de frenarse con las reestructuraciones de los directores y la apertura al tercer grado. Instituciones Penitenciarias prepara ya una batería de reformas legales de gran calado. La directora general nombrará en breve un equipo de técnicos con el objetivo de reformar y