Ayer concluyó el plazo para presentar los cerca de doscientos informes requeridos por los investigadores Los mandos policiales no hablarán para no desvelar secretos del sumario
29 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo camina hacia su primer fracaso. Cumplido el plazo para la entrega de la documentación requerida por los comisionados, apenas cinco informes de los cerca de doscientos solicitados han llegado al Congreso. Y los primeros comparecientes -mandos policiales-, están resueltos, además, a guardar silencio para no desvelar datos sujetos al secreto del sumario. La reunión que mantendrán hoy los componentes de la mesa de la comisión y los portavoces de los grupos parlamentarios tendrá enfrente un panorama desolador. A las 20 horas de ayer sólo había seis textos en el registro de la cámara: los aportados por la Cruz Roja, una resolución de Naciones Unidas, un estudio de la FAES, otro del Consejo de Europa, un resumen de prensa del Congreso y un informe de 700 folios -remitido por el fiscal general del Estado- sobre los incidentes de la jornada de reflexión. Si la comisión aplica al pie de la letra sus normas de funcionamiento, deberá aplazar las comparecencias, ya que condicionó su inicio a contar con una semana de antelación con los informes pedidos al Gobierno, la Audiencia Nacional y empresas privadas. El Ejecutivo decidirá en el Consejo de Ministros del viernes qué papeles desclasifica y entrega a los comisionados. El ministro de Defensa, José Bono, se reunió ayer con Rodríguez Zapatero para estudiar parte de la documentación requerida por el Congreso. Es muy improbable que el Gobierno acceda a suprimir el carácter secreto de los informes más delicados, los que cuentan datos operativos. Lo que es seguro es que los comisionados no podrán estudiar el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, al que se dirigió la comisión, recordó a la cámara baja que sólo el juez Del Olmo, como instructor, puede atender las peticiones parlamentarias. El juez central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ya ha anticipado que es contrario a la entrega de las diligencias, o al menos las partes por él protegidas con el secreto sumarial. El magistrado precisó ayer que cuando reciba la petición de la comisión recabará la opinión de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público, Eduardo Fungairiño, explicó, a su vez, que ante esa tesitura solicitará el parecer del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En todo caso, un proceso de varios días o semanas. La comisión tampoco podrá revisar la transmisión de mensajes telefónicos el 13 de marzo, la jornada de reflexión previa a las generales, porque estos datos sólo pueden proporcionarse con una petición judicial. Supuestas desapariciones Entretanto, siguen los cruces de acusaciones entre los grupos parlamentarios. La última controversia se desató por la presunta falta de una serie de documentos que deberían estar en manos del Gobierno, en concreto las actas de las reuniones del comité de crisis, las del gabinete de coordinación del Ministerio del Interior y un informe del anterior Ejecutivo sobre los atentados. El ex portavoz gubernamental Eduardo Zaplana reclamó al Gobierno que «deje de marear la perdiz» y facilite los informes. Atribuyó las denuncias sobre la inexistencia de documentos al «nerviosismo y preocupación» de los socialistas. El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que es «insólito» que no aparezcan las actas de la célula de crisis.