Las instituciones no pueden entregar todavía los papeles solicitados Pese a la situación, los diputados deberán establecer el miércoles el orden de comparecencias
25 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La comisión del investigación del 11-M empezará a trabajar la próxima semana sin un solo papel sobre la mesa que pueda servir de base para decidir quién debe acudir al Parlamento y en qué orden. Ni el Gobierno ni la Audiencia Nacional, las dos instituciones que tendrían que aportar la mayor parte de las decenas de informes solicitados por los diputados, están en disposición de entregar la marea de documentos antes del plazo fijado por los comisionados, las 20 horas del próximo martes. Estos retrasos, según fuentes de la comisión, podrían hacer replantearse el ritmo de trabajo en el Congreso. El Ejecutivo, por lo pronto, ha pospuesto hasta la próxima reunión del Consejo de Ministros (el viernes 2 de julio) la decisión de qué documentos secretos, en su mayoría del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), está dispuesto a desclasificar. Ayer, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a confirmar que el Ejecutivo ha recibido las peticiones remitidas por el Parlamento y que ha empezado a «trabajar» en ellas, si bien no ha sido uno de los temas que se han tocado en la reunión. Calma relativa El Gobierno se ha tomado con relativa calma las peticiones de la comisión, ya que entiende que el plazo de siete días fijado por el Congreso para la entrega de los informes no expiraría el próximo martes, pues se trata de siete días hábiles, con lo que hasta el 2 de julio no incurriría en ningún retraso. La demora en la entrega confirma el temor de los diputados de que el miércoles de la próxima semana tendrán que decidir el calendario de los interrogatorios y los comparecientes sin saber qué documentos tendrán en su poder y sin conocer si en esos informes aparecen nombres o circunstancias que hagan aconsejable citar a más personas. Es más, aunque el Gobierno dé luz verde el próximo viernes a la desclasificación (total o parcial) de los informes que se solicitan, la documentación llegaría el fin de semana al Congreso, lo que dejaría a los diputados un plazo de apenas 24 horas para estudiar los documentos antes de que el 6 de julio (martes) comiencen los interrogatorios. Pese a todo, Fernández de la Vega insistió ayer en que el Ejecutivo tiene la intención de cooperar de manera activa con la investigación, siempre con el compromiso de «máxima transparencia» pero con el límite de que la desclasificación de documentos no afecte a la seguridad del Estado. Reunión a tres bandas Según desvelaron fuentes de la Administración, el pasado jueves se reunieron los titulares de Interior (José Antonio Alonso), Exteriores (Miguel Ángel Moratinos), y Defensa (José Bono) con técnicos de Justicia para decidir dónde situar el límite a la hora de levantar el secreto de los documentos. Si las peticiones al Gobierno no van demasiado veloces, tampoco van bien las gestiones con la Justicia. El Congreso ha dirigido sus escritos al Consejo General del Poder Judicial pero a nombre del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, que se encuentra fuera del país. El hecho de que la comisión haya involucrado a dos instituciones (el Supremo y CGPJ) ha provocado aún más retraso, ya que los funcionarios no saben todavía a qué órgano remitir las peticiones.