El PP impone, con el único apoyo de CC, la mayor reforma de la ley del Poder Judicial desde 1985
ESPAÑA
El PP utilizó ayer su mayoría absoluta en el Congreso para imponer a la oposición la mayor reforma de la ley orgánica del Poder Judicial emprendida en España desde la aprobación de la norma en 1985. Los populares, para sacar adelante la modificación de varias decenas de artículos de la ley que establece la organización y el funcionamiento de los tribunales españoles y la carrera judicial, sólo contaron con el apoyo de los 4 diputados de Coalición Canaria (CC). El consenso fue menor que el logrado en noviembre para cambiar el Código Penal, pues entonces el PP contó con CiU, que ahora votó en contra. La falta de respaldo político se arrastra desde que el anteproyecto de ley fue informado en abril por el Consejo General del Poder Judicial, cuando su pleno refrendó los cambios por un solo voto. Es la tercera reforma básica para el funcionamiento de la justicia aprobada este año que no cuenta con el consenso del principal partido de la oposición, si se suma la que modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la prisión preventiva. Los cambios aprobados ayer, muchos introducidos con enmiendas en el Senado, instauran reformas profundas. Entre ellas, la reorganización del funcionamiento interno de los juzgados y tribunales, el establecimiento de la segunda instancia penal, la limitación del acceso a la carrera judicial, la limitación temporal de los mandatos de los presidentes de salas de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores regionales -cinco años-, y la potenciación de la figura del secretario judicial. Cambia los criterios de organización, trabajo y gestión de la oficina judicial con el triple objetivo de descargar de labor burocrática al juez -parte asumida por el secretario judicial-, de flexibilizar y agilizar los trabajos realizados por los funcionarios, y de introducir incentivos salariales y de promoción por el cumplimiento de objetivos. Profesionalización En lo concerniente a los jueces y magistrados, se apuesta por la profesionalización total -sustituciones o interinidades deberán hacerse por jueces de carrera-, se da más valor a la especialización y la experiencia en los ascensos o traslados que a la antigüedad, se suprime el llamado tercer turno para el acceso a la carrera, por el que podían ocupar puestos de juez fiscales o secretarios judiciales, y se limita el cuarto, que daba acceso directo a los juristas con experiencia. Uno de los cambios fundamentales, que se completará para que pueda aplicarse con una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, es el establecimiento de la segunda instancia penal.