El Senado, con los únicos votos del PP, aprobó las reformas del Código Penal que establecen penas de tres a cinco años de cárcel para las autoridades que, sin estar capacitadas por la ley, convoquen consultas populares. Toda la oposición rechazó las enmiendas del PP que introducen los cambios con un argumento recurrente: la solución a los problemas políticos no está en los tribunales ni en la legislación penal. El Gobierno esperó, en vano, un acuerdo de última hora con el PSOE sobre las reformas; José María Michavila hizo, incluso, un agónico intento de aproximar posturas con el portavoz de Justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar. «Confío en que la iniciativa reciba, al menos en alguno de sus ejes, el respaldo del PSOE», manifestó el ministro, a lo que el dirigente opositor replicó que «lo que no puede ser, no puede ser». Es más, la oposición no votó en protesta por el procedimiento empleado por el PP. El resultado fue de 137 votos a favor, todos de los populares. Esta actitud causó la indignación del PP, cuyo portavoz en el Senado, Antolín Sanz, denunció que «el comportamiento infantil» del PSOE demuestra la «tibieza política e indefinición» de Zapatero ante el plan Ibarretxe. Uno por uno, BNG, CC, PNV, Entesa Catalana de Progrés, CiU y PSOE criticaron la propuesta «por innecesaria», porque la ley ya prevé sanciones por usurpación de funciones para quien convoque un referéndum, y reprocharon al PP una fórmula de tramitación que impidió a los grupos negociar y modificar las enmiendas, y limitó su papel a asentir o rechazar.