Ibarretxe dice que su plan es una idea y «no se contesta con recursos»

Lucas Irigoyen VITORIA

ESPAÑA

J.J. GUILLÉN

Califica la medida del Ejecutivo central de «barbaridad jurídica y política» El lendakari dice que los jueces deben procurar que la ley se cumpla, no que se impida el debate.

14 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.

El lendakari Juan José Ibarretxe respondió ayer al recurso que el Gobierno central ha presentado contra su plan en el Tribunal Constitucional con el argumento de que su iniciativa, hoy por hoy, no es más que una idea, y «las ideas no se contestan con recursos». Por ello, calificó la decisión del Ejecutivo de José María Aznar como una «barbaridad jurídica y política que en el fondo lo que hace es negar que se pueda pensar, y negar la capacidad de iniciativa a un poder legítimo, como es el Gobierno vasco». En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Ibarretxe denunció que el Gobierno central intenta impedir la apertura de un diálogo, «la negación del debate, que es también la negación de las soluciones». Recordó la figura con la que se tramita su iniciativa en el Parlamento Vasco, la propuesta de modificación del estatuto, que defendió como la prevista en el artículo 46 de la Carta de Guernica. Constitución europea Ante las críticas que ha recibido su propuesta, porque podría modificar no sólo el Estatuto sino artículos de la Constitución, además de varias leyes orgánicas, Ibarretxe también respondió. Apoyado en el proceso que atraviesa la Unión Europea, que elabora una nueva Carta Constitucional, el lendakari se preguntó qué pasará «si pasado mañana hay una nueva Carta Magna como consecuencia de las modificaciones en Europa». En este punto dirigió sus dardos contra el Tribunal Constitucional, del que se preguntó si podrá, en ese supuesto, declarar ilegales las modificaciones que se introduzcan en el texto fundamental o, más bien al contrario, deberá limitarse a «aplicar la nueva Constitución que decidan los representantes de la sociedad, que son los políticos». «Los jueces deben procurar que la ley se cumpla, no que se impida el debate acerca de cuáles son las normas básicas de convivencia», concluyó.