El Gobierno vasco acude a la marcha contra las detenciones en Egunkaria

Varias decenas de miles de personas, entre ellas el portavoz y tres consejeros del Gobierno vasco, abarrotaron ayer por la tarde el centro de San Sebastián en protesta por la acción judicial contra el entramado financiero de Egunkaria y en demanda de la liberación de los ocho detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil en Guipúzcoa y Navarra por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. La asistencia a la movilización de Josu Jon Imaz, Anjeles Iztueta (Educación), Miren Azkarate (Cultura) y Joseba Azkarraga (Justicia) fue duramente criticada por el secretario general del PP, Mariano Rajoy, quien advirtió de que los dirigentes del PNV «están llevando las cosas hasta límites insospechados y muy peligrosos». «Hay gente que está dando pasos que son poco razonables, que se salen de la lógica democrática y que demuestran nulo respeto a lo que es el Estado de Derecho y a los tribunales», señaló el candidato a la presidencia del Gobierno por el PP. En la protesta, convocada por Kontseilua (Consejo de Organismos Sociales del Euskera), participaron también el diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Joxe Joan González de Txabarri, Joseba Egibar (PNV), Gorka Knor (EA), Antxon Karrera (Izquierda Unida-Ezker Batua), Patxi Zabaleta (Aralar), así como muchos representantes de la ilegalizada Batasuna. Los sindicatos ELA, LAB y CC. OO., el Consejo Vasco de Juventud y diversos representantes de la cultura y la política del País Vasco-francés también secundaron la marcha. A la manifestación, prácticamente un calco de la desarrollada en invierno pasado tras el cierre a finales de febrero del periódico Egunkaria , no faltó Martxelo Otamendi, director del diario Berria -sucesor del clausurado- e imputado en este sumario. Otamendi manifestó que «el Estado ha querido dar un aviso. Su mensaje es simple: Si seguís con la idea de construir Euskal Herria, esto es lo que haremos. Esto es lo que ha querido decir con una operación como ésta». «Estado de excepción» El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, denunció por su parte la existencia de un «estado de excepción encubierto que persigue señas de identidad» vascas y la «libre expresión de las ideas». Además, Azkarraga responsabilizó a los ministerios de Justicia e Interior del «trato» que se pueda dispensar a los detenidos en esta operación y dijo que si éstos, «tras su paso por la Audiencia Nacional», denuncian «vulneración de derechos humanos o torturas» su departamento «no permanecerá impasible y actuará en consecuencia». Estas denuncias, en su opinión de Mariano Rajoy, ejemplifican «la locura» a la que está llegando el Gobierno vasco. Cuando se procede a la detención a un etarra, recordó, «automáticamente hay denuncias de tortura», situación que «nunca se llega a demostrar».

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