La juez también envía a la cárcel por estafa al director general de la CPV

Rocío Pattier MADRID

ESPAÑA

El responsable de la promotora declara que el dinero de los afectados lo invirtió en otros activos Asegura que los administradores, en prisión, «no tienen culpa de nada»

06 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.

El responsable de la presunta estafa de viviendas a 1.200 familias madrileñas está en la cárcel. Francisco García Moreno, director general de la CPV, ingresó ayer en prisión por un presunto delito de estafa, después de que la juez escuchara su declaración durante cuatro horas y media. El ingreso en la cárcel de García Moreno se produjo un día después de que la juez dictara otro auto de prisión para los tres administradores de la promotora: los hijos de García, Miguel Ángel y Francisco Javier, y su yerno, Miguel Ángel Morillo. Los tres hombres han pasado dos noches en la cárcel de Soto del Real. El director general de la CPV corroboró en su declaración la versión ofrecida por los tres administradores, que aseguraron que eran inocentes y que sólo estaban en la promotora para formarse como empresarios. «Ellos no tienen culpa de nada pues obedecían órdenes», dijo García Moreno a la juez, según explicaron fuentes jurídicas. El directivo de la CPV, que durante el interrogatorio mostró una actitud «desafiante» e incluso sonrió, habló de la existencia de otras parcelas en Benidorm y en otras provincias, y de una explotación minera en Cádiz, cuyo valor asciende a 162 millones de euros. Según explicó uno de los afectados, García admitió que compró los terrenos para edificar en tres PAU de Madrid, que los vendió y que el dinero que adelantaron los afectados -reconoció una deuda de 18 millones de euros con ellos- lo invirtió en otros activos, como un inmueble en Puerta de Hierro, en Madrid, y otro en Benidorm. Todo ello, según dijo, lo hizo él solo, sin informar de sus actuaciones a los administradores. Por último aseguró que puede hacerse cargo «hasta la última peseta» de las devoluciones de dinero, aunque sólo habló de 500 afectados, una cifra que los abogados rechazan al considerar que el número de familias que no ha recuperado su dinero es mayor.