La Fiscalía le acusa de cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos en el denominado «caso saqueo» El magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó en la tarde de ayer el ingreso en prisión incondicional de Jesús Gil y Gil, quien ingresó en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco acusado de la presunta sustracción de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) de las arcas municipales de Marbella.
16 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El instructor del caso le mantendrá incomunicado hasta el próximo viernes (fecha en la que presumiblemente permitirá que pueda salir si abona una fianza elevada), para garantizar el buen desarrollo de los registros y otras diligencias secretas del que ya ha sido denominado «caso saqueo de Marbella». La jornada comenzó con sorpresas para Jesús Gil, quien fue citado en persona en su propio domicilio para que acudiera a declarar a la Audiencia Nacional acompañado de sus abogados. Era la respuesta del titular del Juzgado Central de Instrucción número seis al escrito presentado el pasado lunes por la fiscal anticorrupción Belén Suárez, donde solicitaba la práctica de una serie de pruebas «esenciales», entre ellas la entrada y registro en distintos inmuebles al objeto de «ocupar toda la documentación necesaria para la investigación y comprobación de los hechos». Precisamente, la necesidad de que esas diligencias no se vieran dificultades por los manejos de Gil llevaron a la fiscal a solicitar su ingreso en prisión incondicional e incomunicada, como presunto responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, por los que también están imputadas otras cinco personas, empleados de empresas municipales y familiares suyos. Destrucción de pruebas El juez aceptó su petición ante el «riesgo elevado» de destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos ilícitos que se atribuyen al alcalde de Marbella. Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que a principios de febrero de 2001 interpuso una querella criminal por estos hechos, Gil se habría apropiado directamente de 4,68 millones de euros ¿unos 779 millones de pesetas¿ procedentes del Ayuntamiento de Marbella, mientras que el resto de los fondos habrían sido ingresados en depósitos abiertos a nombres de sus principales colaboradores o de sociedades interpuestas. Entonces, el juez Del Olmo rehusó hacerse cargo de esta investigación al considerar que el impacto de los delitos era «limitado» y sólo afectaban a un territorio local, pero el Tribunal Supremo le ordenó en enero pasado que asumiera la instrucción.