La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha descartado definitivamente solicitar la citación, ni siquiera amparado en el estatuto de testigo protegido, del ciudadano que el pasado día 6 permitió la detención de los etarras del comando Madrid Aitor García Aliaga y Ana Belén Egüés, después de que explotaran un coche bomba. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, explicó ayer que el ministerio público ha decidido no pedir la declaración de este ciudadano como testigo ni ante el Juzgado Central de Instrucción que lleva las diligencias contra los dos presuntos terroristas, ni en el juicio posterior contra ambos, ya que «procesalmente no se tiene constancia de que esta persona exista». Fungairiño quiso dejar zanjadas así las hipótesis referentes a que en una futura vista oral tanto los acusados como los abogados defensores podrían conocer la identidad de esta persona, aunque se acogiera a la ley de testigos protegidos. Insistió en que la Fiscalía no tiene la intención de pedir la declaración de una persona que no figura en los atestados policiales sobre la desarticulación del comando Madrid. Pruebas suficientes Fuentes jurídicas manifestaron que es una práctica habitual de las Fuerzas de Seguridad del Estado no reflejar en sus informes las intervenciones de ciudadanos que permiten detener a presuntos delincuentes, tanto para proteger la identidad de los primeros como para no quemar posibles fuentes de información. La decisión de la Fiscalía también puede obedecer al hecho de que las pruebas con las que cuenta la Policía, que intervino a los detenidos el mando a distancia con el que detonaron la bomba, son suficientes para obtener una eventual condena de los mismos.