DOCUMENTACIÓN
03 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Según los datos del Ministerio del Interior, durante la última década (desde que en 1991 se aprobara el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil separado de la justicia militar) más de 30.000 agentes ha sido sancionados con la cárcel, sin intervención alguna de jueces. La legislación vigente permite que un sargento de la Guardia Civil pueda condenar a un subordinado con un mes de arresto por una falta leve, mientras que un general de zona puede castigar hasta con dos meses de reclusión en una prisión militar a un agente por una falta grave. Los tribunales militares, según el Código Penal Militar, están cualificados para enviar a la cárcel hasta dos años a los guardias civiles acusados de un «delito» de desobediencia. Pérdida de vigencia Fuentes gubernamentales motivaron la puesta en marcha de esta reforma sin precedentes por la «pérdida de vigencia» de las penas de cárcel o arresto en una «institución de profesionales». La Guardia Civil busca «alternativas más eficaces y menos costosas para los agentes, que sufren la supresión de libertad», después de que se haya demostrado la «eficacia relativa» de la cárcel o le arresto. Las penas de cárcel -según Interior- «presuponen un importante condicionamiento a la libertad individual, que debe hacerse en un procedimiento con plenas garantías, un régimen que evite el cierto grado de subjetividad que hay en quién impone la sanción». La excepción española España es uno de los pocos Estados de la UE que en el momento de suscribir el Convenio Europeo de los Derechos Humanos planteó una reserva a su artículo quinto, según el cual nadie puede ser privado de su libertad sin un juicio. Con esta medida se trataba de poder facultar a los mandos militares para continuar imponiendo penas de prisión y arresto. En uno de los últimos casos, una agente debió acatar cinco meses de prisión por negarse a realizar un control.