Defiende su imparcialidad y destaca que no vulneró garantías procedimentales El Tribunal Constitucional avala la instrucción del juez Garzón en el «caso Marey» al rechazar las peticiones de algunos acusados para que se anulase su investigación basándose en la supuesta parcialidad del magistrado. El tribunal desestimó el viernes todos los recursos de los condenados por el Supremo en este proceso.
17 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.El Constitucional señala en varias sentencias donde rechaza los recursos que «ni se ha vulnerado garantía procedimental alguna ni mucho menos se ha infringido el derecho al juez imparcial», porque estima que no ha quedado probado que Garzón usara en la instrucción datos conocidos durante su etapa en Interior. El ex-secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera había alegado que Garzón, como delegado del Plan Nacional sobre la Droga, etapa en la que coincidió con él en el departamento, «habría adquirido conocimientos extraprocesales que después utilizó». El tribunal señala que no quedó acreditada tal acusación y recuerda que Vera pretendió recusar al juez por una supuesta «enemistad». Explica que el Supremo repitió la instrucción y falló que no hubo «irregularidad». Además, el ex-policía Michel Domínguez también solicitó la nulidad de la investigación y alegó que las declaraciones que hizo al juez sobre el secuestro «las prestó por las presiones y coacciones del magistrado mediante insinuaciones de perjudicar a sus familiares». El Constitucional se remite al Supremo que estimó que no se había probado el uso de amenazas. Asociaciones de jueces y fiscales mostraron ayer su «respeto» a la decisión del Constitucional. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, señaló que los argumentos son «razonables». La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, indicó que acredita que la sentencia no vulnera derechos fundamentales de los condenados. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, señaló que la decisión muestra el funcionamiento del Estado de Derecho.