Después de seis años de recortes retributivos y laborales, los Gobiernos aplican oxígeno a un sector de 2,5 millones de votantes potenciales, de los que 150.000 trabajan en Galicia
09 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Estaban faltos de cariño, pero la doble cita electoral de este año ha sido el mejor bálsamo para aliviar sus heridas. Durante la crisis económica, los Gobiernos central y gallego apretaron las tuercas a los empleados públicos. Con discursos paternalistas, apelaron al «sacrificio» de 2,5 millones de trabajadores para achicar las vías de agua abiertas por la recesión. Les congelaron los sueldos, les retiraron una paga extraordinaria y laminaron parte de sus derechos laborales. En Galicia fue todavía peor. La Xunta metió una velocidad adicional, con un recorte en las extras que seguirá vigente hasta el 2017 para sus 94.000 empleados.
Como la mayoría de los trabajadores, el funcionariado no recuperará nunca lo que ha dejado de ganar durante estos años, aunque ahora divisa un camino menos empinado. A la devolución progresiva de la extra de diciembre del 2012 que retiró Rajoy se sumará en enero una subida salarial del 1 % y la supresión de los topes en las tasas de reposición, que en Galicia se traducirá en la mayor oferta de empleo de los últimos años, con 2.100 plazas.
Los rejones de Zapatero y Rajoy
Son caramelos que los Gobiernos están administrando con el calendario electoral en la mano, pero que mitigan años amargos. El primer tijeretazo llegó en el junio del 2010 por decisión de Zapatero, con un corte del 5 % a las nóminas de todos los trabajadores públicos. Desde entonces, el sector acumula ya cinco años y medio de sueldos congelados con esa rebaja. El PP perseveró. Como su predecesor, Rajoy era consciente de que, por la etiqueta de privilegiado que se adjudica al sector, otro nuevo golpe no le pasaría una factura excesiva en una sociedad acribillada por el desempleo. Por eso dejó a 2,5 millones de funcionarios sin la extra de diciembre del 2012, que sumó un recorte del 7 % a las retribuciones que Zapatero ya había aligerado en cinco puntos.
Estas medidas resultaron agravadas para los empleados al servicio de la Xunta. En el 2013, el Ejecutivo de Feijoo puso en práctica su propia agenda de restricciones. Siguiendo el ejemplo del Gobierno central, optó por actuar sobre las extras. Aunque preservó las dos pagas adicionales, les retiró el complemento específico, lo que supone una merma media del 4 % en el sueldo anual de cada trabajador. Esa rebaja ha abierto, además, una brecha entre los 93.815 empleados de la Xunta y las universidades, y los 55.833 que trabajan en Galicia para Estado, concellos y diputaciones. Todos residen en la misma comunidad y desempeñan funciones similares, aunque los primeros pagan ese peaje añadido en las extras que el resto no soportan.
Pero mientras prolonga ese agravio, la Xunta también ha asumido un itinerario para retornar a la normalidad. Por una parte, la Lei de Orzamentos del 2016 contempla la creación de un fondo de 92 millones para completar la devolución del 50 % de la extra del 2012 que la Administración gallega todavía adeuda a sus trabajadores. El reintegro de la otra mitad lo completó en la nómina de noviembre, después de abonar un 25% en la de mayo pasado, el mes de las municipales. El compromiso del Gobierno de Feijoo incluye dar continuidad a ese fondo de 92 millones en las cuentas del 2017, de forma que permita pagar ese año las dos extras íntegras. Eso sí, el plan no recoge compromiso alguno para que los 94.000 trabajadores de la Xunta recuperen la parte de las pagas que no habrán cobrado entre el 2013 y el 2017.
Devolver ese complemento de las extras le costaría a la Administración autonómica más de 370 millones. Es una muestra del esfuerzo exigido a un colectivo que en Galicia ha perdido 9.532 puestos desde enero del 2010. Y toda esta gente también vota.