Bruselas lleva a España ante la Justicia europea por no trasponer al derecho nacional la normativa sobre el IVA
ECONOMÍA
El Gobierno español argumenta que la exención del IVA para las pymes es una medida opcional, mientras el Ejecutivo comunitario señala que para que una empresa lo obtenga en cualquier país de la Unión debe registrarse ante las autoridades locales
11 mar 2026 . Actualizado a las 12:45 h.La paciencia de la Comisión Europea se ha agotado. El Ejecutivo comunitario ha anunciado este miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto al derecho nacional dos directivas sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Los Estados miembros debían aplicar estas directivas a su normativa nacional a más tardar en diciembre de 2024 por lo que Bruselas ha decidido elevar esta cuestión ante la Justicia europea y pide la imposición de sanciones económicas. La norma en cuestión introduce cambios sustanciales en las normativas del IVA aplicables a las pequeñas empresas o pymes, con el objetivo de crear un régimen moderno y simplificado para estas compañías. La directiva europea disminuye los costes de cumplimiento del IVA para las pymes (a escala nacional y europea), reduce el falseamiento de la competencia, rebaja el impacto negativo del efecto de umbral y facilita el cumplimiento y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias.
Las autoridades españolas ya indicaron a la Comisión que no tienen intención de aplicar la exención del IVA para las pymes que establece la directiva, una medida que es opcional y que Bruselas deja en manos de los Estados miembros. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario insiste en que España debe trasponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas.
En un comunicado, Bruselas advierte de que la falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación «conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han traspuesto la Directiva y aplicarán normas diferentes». España no ha comunicado la transposición de las dos directivas, y a falta de esa comunicación, la Comisión envió dos cartas de emplazamiento al país, seguidas de dictámenes motivados en julio de 2025. Ante la falta de respuesta, Bruselas ha decidido denunciar la situación ante el TJUE, que ya avaló este año eximir del IVA a ciertos servicios aunque lo presten subcontratas.