El Gobierno eleva en 16.700 millones el techo de gasto, con las cuentas en el aire
ECONOMÍA
Montero habla de presupuestos expansivos, con un récord de 216.177 millones
18 nov 2025 . Actualizado a las 20:18 h.Tras semanas echando balones fuera con la muletilla de que se aprobaría «en los próximos días», finalmente este martes el Consejo de Ministros dio luz verde al límite de gasto no financiero —más conocido como techo de gasto— de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que arranca oficialmente la andadura de unas cuentas que siguen en el aire, dada la falta de apoyos del Ejecutivo despues de la espantada de los de Carles Puigdemont. Aunque la complicada situación política haga presagiar que los presupuestos del 2026 tampoco verán la luz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este martes que se presentarán en el primer trimestre del año y que serán «expansivos y responsables», como indica un techo récord que, incluyendo los más de 4.100 millones de los fondos europeos, ascenderá a 216.177 millones de euros. Su cuantía ha crecido un 8,5 % respecto al techo actual, lo que supondrá una capacidad adicional de gasto de 16.673 millones.
«Cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026, que vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía», señaló una entusiasta Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que estuvo acompañada por su homólogo de Economía, Carlos Cuerpo, encargado de desgranar el cuadro macroeconómico en el que también se cimentarán las cuentas públicas.
Además del límite de gasto no financiero, que no se somete a votación en las Cámaras, el Gobierno aprobó la senda de estabilidad 2026-2028, que fija los objetivos de déficit y deuda pública que se deberán cumplir en el período y que ahora se enviarán a las Cortes.
Así, la senda de consolidación fiscal de España para los dos próximo ejercicios pasa por reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas al 2,1 % del PIB en el 2026, al 1,8 % el año siguiente y situarlo en el 1,6 % en el 2028.
En lo que respecta a los diferentes niveles de la Administración, las comunidades no podrán rebasar un 0,1 % de déficit en todo el período, mientras que los ayuntamientos deberán estar en equilibrio presupuestario. Serán Estado y Seguridad Social quienes encajen el grueso de la consolidación fiscal, ya que el primero tendrá que rebajar el próximo año el déficit al 1,8 % del PIB desde el 2,2 % con el que se espera cerrar este 2025, mientras que en el 2027 se ha marcado un 1,5 % y una décima menos en el 2028.
En lo que respecta a la Seguridad Social —fuertemente lastrada por el creciente gasto en pensiones—, el desfase de sus cuentas se ha fijado en dos décimas de PIB los dos próximos ejercicios y la mitad (0,1 %) en el 2028. Como viene siendo habitual, la Seguridad Social requerirá, además, una transferencia cercana a los 23.000 millones de euros (22.881 concretamente), algo que la vicepresidenta explicó que se asumía «íntegramente» por parte de la Administración General del Estado (AGE), «lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la AGE».
En lo que respecta a la deuda, la hoja de ruta del Gobierno la sitúa en el 100,9 % del PIB en el 2026, para ir embridándola en los dos años siguientes hasta el 100 % y el 99,1 %, tras haber alcanzado su máximo en la pandemia, como recordó Montero.
De obtener la senda de estabilidad el plácet del Congreso y del Senado, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de PGE para el 2026 y arrancaría su tramitación parlamentaria.
Economía empeora la tasa de paro hasta el 2028, aunque bajará del 10 %
E. Martínez
Los datos de PIB no dejan de dar buenas noticias pero el paro da un paso atrás. La macroeconomía vive un momento positivo en España, posicionándose como la locomotora de la eurozona que en otros tiempos fue Alemania. Bruselas elevó el lunes del 2,6 % al 2,9 % la previsión de crecimiento de España para el 2025, cifra que este martes confirmó el Ejecutivo en su cuadro macroeconómico.
Pero la buena marcha de la economía no está reflejándose en la situación financiera de los hogares, con gran parte de la población aún con salarios bajos y, sobre todo, por la crisis del acceso a la vivienda. Este punto ha generado una brecha de rentas que el Gobierno quiere abordar en sus previsiones de crecimiento, ya que es un factor determinante de desigualdad y pobreza. De hecho, la previsión de paro que da el Gobierno en su nueva actualización del cuadro ya incluye un peor dato para este año, hasta el 10,5 %, dos décimas más que hace solo dos meses. Aún así, para el año que viene la previsión es que la tasa de desempleo baje del 10 %, pero también empeora respecto al cuadro de septiembre. Concretamente, el Ejecutivo calcula que el paro baje al 9,9 % a cierre del 2026, un dato tres décimas peor que el anterior. En número de empleos, el país creará unos 450.000 nuevos puestos al año, frente a los 480.000 proyectados antes.
El objetivo del Gobierno es tratar de identificar si la evolución de la macroeconomía llega realmente o no al bolsillo de los consumidores y se deja notar en su poder adquisitivo.
Hacienda transferirá 23.000 millones para garantizar las pensiones
L. Palacios
Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar más protagonismo a las inyecciones de dinero por parte del Estado, que tendrá que decidir a qué gastos se da prioridad y cuáles se recortan. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia este martes en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y sus injerencias en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas. Herrero llegó incluso a lanzar un mensaje de socorro al Congreso para que la ayuden a mantener su independencia y aseguró que cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado. «Me preguntan: ¿Las pensiones a futuro están en riesgo? No, jamás me lo habrán oído a mí. Mi respuesta es que son tan sostenibles como el gasto en defensa, en sanidad, en cuidados, en educación...», enfatizó Herrero. No obstante, matizó: «Pero sí tenemos que saber que la evolución prevista de cotizaciones y pensiones nos lleva a que el papel del Estado como principal garante del sistema va a ser mayor, al menos durante algunos años».
Dicho de otra forma, que el Estado tendrá que inyectar más dinero a lo largo de los próximos años para garantizar el pago de las pensiones, puesto que a lo largo de las tres próximas décadas se incorporarán seis millones más de pensionistas al sistema y la prestación media se revalorizará más de un 20 %, lo que implicará un crecimiento del gasto por encima del 4 % del PIB hasta el 2050, según las estimaciones presentadas este martes por este organismo. Por ello, Herrero advirtió de que el Gobierno deberá reordenar prioridades de gasto o adoptar las medidas necesarias por el lado de los ingresos.
Es más, esta elevada dependencia de las inyecciones del Estado a la Seguridad Social (ya sea para las pensiones contributivas por no ser suficiente con las cotizaciones recaudadas, o para financiar los gastos impropios del sistema), la corroboró este martes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien desveló en la presentación del techo de gasto para el 2026 que el Gobierno contempla hacer una transferencia de la Administración Central a la Seguridad Social de 22.881 millones para cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo. «Esta transferencia se asume íntegramente por la Administración Central, lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la Administración General del Estado», precisó Montero.
Sin embargo, esta inyección de dinero, similar a la de este año, no será suficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, en números rojos desde hace más de una década, y así seguirá al menos hasta final de legislatura, puesto que el Gobierno le permitirá tener un margen de déficit de otras dos décimas de PIB, algo más de 3.000 millones, tanto en el 2026 como en el 2027, e incluso en el 2028 seguirá el agujero.
Incumplir el Pacto de Toledo
Se incumple así tanto el mandato dado por el Pacto de Toledo de equilibrar las cuentas como el compromiso del entonces ministro José Luis Escrivá con Bruselas de lograr la sostenibilidad.