El Estatuto del Becario prohíbe pagar por formarse y obliga a abonar los gastos a los estudiantes

El Gobierno dio este martes un paso adelante para proteger a los más de 1,6 millones de becarios que hay en España, de los cuales 363.000, el 22 %, tienen más de 30 años, según los nuevos datos oficiales proporcionados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Después de más de dos años en la nevera, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el Estatuto del Becario, que, tal y como proclamó la ministra de Trabajo, prohibirá pagar por formarse y establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas. Habrá que abonarles todos los gastos que se deriven de su actividad laboral, como los de desplazamiento o manutención, o eximirlos de trabajar de noche o a turnos. Asimismo, tendrán derecho al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecidos al resto de la plantilla. «Se acabó la segregación en la formación en España», dijo la ministra al entender que este colectivo «forma parte del personal laboral de las empresas (hasta un 20 %) y tiene que ser incluido en las salas de descanso, de lactancia, de formación...», defendió Díaz.

«No puede ser un sistema en el que muchas personas pagan para formarse en este país», denunció en rueda de prensa Díaz, que anunció que la ley establece también una serie de incentivos «para cambiar la cultura de las Administraciones públicas y empresarial en España, que es retener ese talento que hemos estado formando durante un tiempo».

Sin embargo, para que este documento se haga realidad, queda aún un largo y complicado camino por delante, puesto que, al tratarse de un anteproyecto de ley, comienza ahora su fase de tramitación en el Congreso —sin los apoyos necesarios para su visto bueno— y podría terminar como lo ocurrido con la reducción de jornada. No ayudará el frontal rechazo de la patronal a esta norma así como de la comunidad educativa, que ayer volvió a criticar la ley por «desviar la atención hacia cuestiones como la compensación económica o la limitación de horas, cuando lo esencial debería ser garantizar prácticas de calidad», denunció la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y coordinadora del Libro Blanco de las Prácticas, Carmen Palomino. En esta línea, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) mostró este martes su «preocupación» por la «viabilidad económica» de las medidas incluidas.

Inspecciones y multas de hasta 225.000 euros

El Estatuto del Becario define «claramente» lo que es la formación en España. «A partir de ahora, toda preparación que se aleje del plan de formación va a convertirse en relaciones laborales ordinarias», apuntó la vicepresidenta segunda, amenazando con la acción de los inspectores de Trabajo, que estarán atentos a estos fraudes, y las nuevas sanciones, que se elevarán hasta los 225.000 euros. «Una persona que esté en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador», incidió Díaz y sentenció que «a partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos», señaló.

---

---

---