Los avales ICO que ahora ofrecen para hacer frente a los aranceles arrastran 1.300 millones de euros de morosidad desde la pandemia
ECONOMÍA
Los créditos impagados alcanzan ya un importe de 1.500 millones de euros
09 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Miles de autónomos y pequeñas empresas españolas están expuestas a los efectos de la guerra comercial, que supone penalizar con un 20 % todas las exportaciones a Estados Unidos; además del 25 % cargado ya sobre acero, aluminio y automoción. De momento, en España este impuesto de aduanas caerá sobre 26.000 pequeñas y medianas empresas, según estimaciones de la Cámara de Comercio de España. «A todas ellas se suman los miles de autónomos, microempresas y pymes que se verán afectados indirectamente porque proveen a estas empresas exportadoras o porque importan productos estadounidenses, que también tendrán que pagar más caros, y que se verán obligadas a acogerse a las ayudas», apuntan fuentes de la federación de autónomos ATA.
El Gobierno ha puesto en marcha distintos mecanismos muy similares, por no decir idénticos, a los ofrecidos para paliar la crisis provocada por la pandemia, la escalada de precios tras la guerra de Ucrania o la reciente dana que arrasó Valencia: financiación avalada por el ICO, planes específicos para el sector del automóvil, ayudas para empresas especialmente afectadas o expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), entre otras medidas.
Es en las ayudas tramitadas a través del ICO en forma de avales y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial donde aparecen los mayores problemas, tanto por parte de los beneficiarios —para devolverlas—, como por parte del Estado, obligado a afrontar una morosidad que va en aumento.
Repunte de los impagos
El Consejo de Ministros activó ayer 5.000 millones de euros en avales y créditos de apoyo a las empresas afectadas por la subida de aranceles a las exportaciones a EE.UU. Previsiblemente, la letra pequeña de estos préstamos será muy similares a la que aparecía en los contratos firmados en las anteriores crisis, con pocos requisitos y destinados a cubrir el pago de facturas, locales o suministros, entre otros.
El problema es que los contratantes no siempre son capaces de afrontar los pagos, que se prolongan durante años. De hecho, la morosidad de los avales del ICO concedidos para cubrir a los afectados por la pandemia (año 2020) comenzó a duplicarse en el 2023, tras el fin del período de carencia extraordinario. Según el balance del propio ICO en diciembre del 2024, los créditos impagados alcanzan el valor de 1.500 millones de euros en toda España, correspondientes a líneas que se concedieron con un aval medio del 75 % a favor de los bancos, que cubría el ICO.
La morosidad de estas financiaciones se duplicó durante el 2023 hasta el 8,2 % (con datos de junio de ese ejercicio). Ese año, el organismo público llegó a cubrir pérdidas por valor de 700 millones de euros con cargo a estos avales. El ICO destaca en su último informe que la banca le ha pagado ya comisiones cercanas a los 2.000 millones por los avales desde que estos fueron concedidos, de modo que el saldo neto para el Estado sería positivo.
También destaca que la morosidad de estas líneas al cierre del 2024 se sitúa de media en el 3,21 % en el conjunto de España; y algo menos, un 2,9 % en la comunidad gallega, en donde el saldo vivo de los créditos concedidos durante la pandemia es aún de 56 millones de euros.
35.000 beneficiarios gallegos
Según el último balance oficial, en Galicia hay 35.855 empresas que se han financiado con alguna de las líneas de ayudas (créditos o avales) del ICO, por una suma total de 5.500 millones de euros. La financiación media concedida en este tipo de préstamos en la comunidad fue de 98.000 euros, con un plazo de devolución de 51 meses.
Los sectores del turismo, de la cultura y del ocio son los que tienen más empresas avaladas por el ICO, seguidas de construcción e infraestructuras, comercio y textil.
Expertos en derecho mercantil ya manifestaban entonces su temor a que muchas empresas beneficiarias no pudiesen afrontar su devolución cuando llegase el vencimiento.
Hay más requisitos a tener en cuenta para los beneficiarios de estos avales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avisó este lunes de que este apoyo económico estará condicionado a que las compañías afectadas mantengan el empleo y no se deslocalicen. «Si las empresas lo precisan, se podrán acoger a los mejores mecanismos de protección social, que son los ERTE y el mecanismo RED; sin embargo, volverán a tener prohibido despedir», especificó. Según Trabajo, el plazo obligatorio de mantenimiento del empleo volverá a ser de seis meses, como sucedió durante la pandemia.