El Gobierno empezará a negociar la fórmula de condonación de la deuda de las autonomías en enero
ECONOMÍA
Hacienda planea elevar casi un 15% la financiación autonómica y casi un 23% la de los ayuntamientos en el 2024
12 dic 2023 . Actualizado a las 09:12 h.Un año y medio después de su última reunión, el Gobierno se ha citado este lunes con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para perfilar las cuentas del 2024, con la ausencia destacada de la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, quien plantó a sus compañeros y a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por considerar que la vía bilateral es la más adecuada para defender los intereses de Cataluña.
La vicepresidenta cuarta del Ejecutivo de Sánchez informó a los consejeros autonómicos del ramo de que las comunidades autónomas dispondrán en el 2024 de casi un 15% más de fondos que en el 2023 (casi 155.000 millones de euros). Por su parte, la financiación de las corporaciones locales aumentará un 22,6% (28.557 millones de euros). Cifras que incluyen las entregas a cuenta y liquidaciones.
También presentó los nuevos objetivos de estabilidad que articularán las cuentas del 2024. Y hay cambios respecto a los que se enviaron a Bruselas. El Gobierno quiere conseguir el aval del Congreso y el Senado, por eso ha optado por flexibilizar las exigencias a comunidades y ayuntamientos.
Mientras que en el plan enviado en abril a la Comisión Europea se proponía que las regiones cerrasen el 2024 con un déficit del 0% y las Administraciones locales con un superávit del 0,2%, en los objetivos presentados este lunes Hacienda ha propuesto que las comunidades puedan cerrar con un déficit conjunto del 0,1% y que los ayuntamientos lo hagan en el 0%. Será la Administración central la que cargue con el ajuste para no rebasar la barrera del 3% del déficit -diferencia entre ingresos y gastos- que fija el Pacto de Estabilidad. Y es que en el 2024 se reactivarán las reglas de disciplina fiscal que fueron suspendidas desde el estallido de la pandemia.
A pesar de la mejora, los 14 consejeros de comunidades donde gobierna el Partido Popular (PP) han votado en contra de la senda de estabilidad para el año que viene. Una señal que anticipa el posible veto del Senado, donde la oposición cuenta con una amplia mayoría. Los populares han sugerido que no puede haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el aval del Congreso y del Senado a los objetivos de estabilidad. Sin embargo, Montero ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno cuenta con un informe jurídico de la abogacía del Estado en el que se aclara que, de no recibir luz verde, se aplicarían de forma automática los que se remitieron en un inicio a Bruselas. «Confío en el Senado [...] Sería tirar piedras contra su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades (incluidas las del PP) tendrían objetivos más exigentes», manifestó la ministra, quien atribuyó el rechazo a la necesidad de «generar ruido y confrontación» desde la oposición. En ese escenario, los Ejecutivos autonómicos que habían empezado a elaborar sus presupuestos contado con el margen de una décima tendrían que rehacerlos para cumplir con la senda más dura planteada en abril.
Condonación de la deuda autonómica
El gran anuncio de la jornada fue el inicio de las negociaciones sobre la condonación parcial de las deudas autonómicas. Según Montero, el ministerio iniciará las conversaciones con las autonomías a partir de enero. El objetivo, sostiene, es fijar una fórmula que se aplique por igual a todas las regiones. Y dicha fórmula, aclara, tendrá en cuenta «el impacto del ciclo anterior financiero (última crisis) y su repercusión». Montero no quiso detallar qué criterios se tendrán en cuenta, generando suspicacias y rechazo entre la mayoría de los consejeros, molestos después de saber que el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con ERC incluyó la garantía de que se le perdonarán 15.000 millones de euros de la deuda a Cataluña.
A pesar que desde la Generalitat ya se habla de negociaciones bilaterales para conseguir condiciones más ventajosas que el resto de comunidades, Montero negó que estas se hubieran producido: «No ha habido ninguna reunión bilateral del modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con ella en Cataluña. Esa puede ser su pretensión, pero no se puede decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda», aseguró.
Reforma del modelo de financiación
Durante la cita también se constató la enorme distancia que separa a las 17 comunidades y el Gobierno central de una reforma integral del modelo de financiación de las autonomías, una tarea pendiente que deberá acometer el Ejecutivo de Sánchez en esta legislatura. Algunos consejeros demandan que tengan más peso específico variables como la dispersión poblacional o el envejecimiento; otras defienden un único criterio: la población total. «El peso de las variables es distinto. A Galicia le puede interesar más la dispersión poblacional y a Madrid o Andalucía el criterio meramente poblacional. Tenemos que ser pragmáticos y salir de esas posiciones de máximos por atrapamiento político», deslizó Montero en rueda de prensa.
Algunos ejecutivos autonómicos insistieron en la necesidad de crear un fondo de financiación transitorio para compensar a las regiones que se consideran infrafinanciadas, como Andalucía.
Techo de gasto
Al margen de la votación de los consejeros de Hacienda, este martes el Gobierno aprobará el nuevo techo de gasto para los PGE del 2024. Una función que le corresponde al Ejecutivo, que tendrá que hilar muy fino para no sobrepasar los límites fiscales fijados. Más si se tiene en cuenta que las previsiones económicas de Bruselas difieren de las del Gobierno español. La Comisión prevé un menor crecimiento (1,7% del PIB, frente al 2%) y un déficit mayor (3,2 %, frente al 3%).
Hay un agujero potencial de 7.000 millones en las cuentas del 2024
Los Presupuestos —provisionales— del Gobierno español para el 2024 consiguieron el aval de Bruselas, a la espera de unos nuevos y actualizados. ¿Habrá cambios sustanciales en esas nuevas cuentas? Según lo comprometido este lunes, sí.
Antes de la reunión con las comunidades autónomas, el Ejecutivo de Sánchez preveía cerrar el 2024 con un avance del PIB del 2% y una reducción del déficit —la diferencia entre ingresos y gastos— al umbral máximo del 3%, gracias a la retirada del paquete anticrisis (10.000 millones de euros) y el crecimiento inercial de la economía.
La Administración central sería la responsable del 2,9% de esa brecha; las Administraciones autonómicas del 0,1% y las locales, por su parte, debían cerrar el año que viene con un superávit del 0,2%.
Las proyecciones ya iban muy justas porque Bruselas anticipa un menor crecimiento (1,7 % del PIB) y un déficit mayor (3,2 %). Si ese escenario se cumple, el desfase podría aumentar con el margen de tres décimas más que ha concedido el Gobierno. Esa flexibilidad elevaría el déficit de España al 3,5 % en las previsiones de la Comisión, de no ser porque el Ejecutivo central está dispuesto a hacerse cargo de los recortes que se necesitan acometer para cumplir con ese umbral.
Sin saber todavía en qué consistirán, lo cierto es que ahora mismo el agujero potencial entre las expectativas y promesas del Gobierno español y lo proyectado por la Comisión es de medio punto del producto interior bruto (PIB) —unos 7.000 millones de euros—.
Todas las cuentas, por supuesto, están a la espera de lo que pacten los ministros de Economía y Finanzas de la UE, que se encuentran negociando las reglas fiscales que regirán a partir del próximo año y que determinarán el ritmo e intensidad de los ajustes. También ayudarán a perfilar las propias cuentas españolas, cuyo tramitación se espera para el primer trimestre del 2024.