El sector industrial gallego pierde peso y destruye 40.000 empleos en 14 años
ECONOMÍA
El Consello Económico e Social demanda que se impulse su competitividad
01 jul 2023 . Actualizado a las 04:55 h.El sector industrial gallego perdió 40.000 empleos entre los años 2008 y 2022, situando su peso en relación al producto interior bruto (PIB) de la comunidad en el 15,6 %. Es uno de los datos que recoge la Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2022, aprobada ayer por unanimidad por el pleno del Consello Económico e Social (CES), que incluye entre sus 86 consideraciones la necesidad de adoptar medidas que favorezcan el fortalecimiento del sector industrial, impulsen la competitividad y favorezcan la transición ecológica y digital, por su importante papel en el crecimiento económico de la comunidad «como elemento tractor de sectores auxiliares e pola súa capacidade para xerar emprego de calidade». El CES alude en especial a una industria manufacturera que concentraba el 13,8 % del valor añadido bruto (VAB) en el 2008, y que el pasado ejercicio lo redujo al 11,9 %.
La memoria recoge además que Galicia pierde posiciones en el índice sintético de competitividad regional, que elabora la Comisión Europea: ocupaba el puesto 143 en el 2016 y el 149 en el 2022, frente al norte de Portugal, que escaló del 164 al 135. En gasto total en I+D y registro de patentes, «a situación de Galicia é moi precaria», y desde el Consello instan a los poderes públicos a incrementar los fondos para investigación y desarrollo y a incentivar proyectos de innovación. Indican que muchas de las iniciativas en desarrollo se vinculan a zonas de transición justa y suponen una importante oportunidad para avanzar en la descarbonización del modelo productivo y reducir la dependencia energética de terceros, destacando «a oportunidade que supoñen os fondos europeos e a importancia de xestionalos con axilidade e eficacia».
Alerta por el sector primario
El CES alerta también de la constante destrucción de empleo en el sector primario en los últimos años. En el 2022, la rama pesquera y acuícola registró una pérdida de 1.100 personas ocupadas sobre el año anterior, mientras aumentó solo 300 en el subsector agroganadero y forestal. En ese contexto se añade el cierre de explotaciones agroganaderas, con un impacto que suma al económico la despoblación y abandono del rural. El organismo explica que en un año las explotaciones ganaderas (en especial de bovino de carne) se redujeron en más de 10.000, el 30 % de las existentes. Instan a activar el apoyo a las que aún resisten y a establecer planes para la gestión del territorio donde desaparecieron explotaciones (en especial zonas de montaña y de alto valor ambiental) para evitar que se vea afectado por incendios forestales.
Otra de las actividades para las que reclaman apoyo público es el pequeño comercio, ante el cierre de numerosas tiendas que perjudica la propia idiosincrasia de villas y ciudades. Reclaman, además, la dotación de más viviendas protegidas, en una sociedad gallega en la que crecen las desigualdades, con una tasa de pobreza del 25,6 % entre los jóvenes de 16 a 24 años, con una tasa de riesgo de pobreza disparada al 54,47 % entre personas de nacionalidad extranjera (17,17 % para los nacionales).
Sanidad y demografía
La memoria del CES considera «inadmisibles» las listas de espera del 2022 en hospitales del Sergas en las especialidades con mayor relación con enfermedades mentales (59,1 días en Neurología y 50,4 en Psiquiatría), en una comunidad que vio crecer los suicidios de 305 en el 2020 a 337 en el 2021. Reclama además medidas para reducir las listas de espera hospitalarias, de 75,4 días en el 2022 (53,9 antes de la pandemia), que superan los 91 para pruebas radiológicas y más de 76 para patologías de prioridad 2, y alertan de la pérdida de calidad en atención primaria en zonas rurales.
El CES considera irrenunciable que las políticas de reto demográfico ocupen un lugar central en las administraciones públicas. Y demanda continuar con campañas de educación frente a la violencia contra las mujeres (3.652 denuncias y 1.430 órdenes de protección en un año), al tiempo que expone la brecha de género en las pensiones (872 euros de media ellas y 1.278 ellos).