Espaldarazo del FMI a un «impuesto covid» a los más ricos

El organismo defiende una mayor presión fiscal sobre rentas altas y multinacionales para cubrir los gastos de sanidad y educación


Redacción / La Voz

Las grandes compañías pagan de media en el mundo un 41 % menos por sus beneficios que hace 40 años. El impuesto de sociedades, con el que los países gravan a las empresas, ha ido mermando poco a poco hasta alcanzar en el 2021 niveles considerados obscenos hasta para quienes siempre han abogado por una menor presión fiscal y el libre comercio, como es el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo ha levantado este miércoles la voz para pedir a los Estados que suban los impuestos a las compañías que han salido fortalecidas de la pandemia, como pueden ser las farmacéuticas o los gigantes tecnológicos. Pero también a las rentas más altas, a las grandes fortunas que, comparativamente, pagan mucho menos que los trabajadores. ¿De qué forma? sus expertos estudian varias alternativas, desde aumentar directamente la carga sobre impuestos como el de sucesiones o patrimonio hasta introducir un «impuesto covid» a partir de ciertos umbrales, una tasa de carácter temporal que serviría para redistribuir el desigual impacto de la pandemia entre las rentas. 

¿Es una propuesta novedosa? Viniendo del FMI sí, pero lo cierto es que estos recargos temporales sobre el IRPF de los más ricos ya se introdujeron en el pasado en circunstancias excepcionales como en Alemania, para sufragar la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013). «Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación del covid 19, que grave los ingresos más altos y la riqueza», señala el Fondo en un informe publicado esta mañana. 

¿Cómo se aplicaría a las empresas? El Fondo sugiere gravar el exceso de beneficios. Solo las cuantías que superen un umbral mínimo requerido por los inversores. De esta forma, solo contribuirían las que han prosperado con la crisis, sin afectar a las que se anotaron ganancias mínimas o las que han notificado pérdidas. 

Es urgente. Países como España o Italia se han quedado sin margen fiscal para poder gastar y cada vez resulta más difícil sufragar servicios básicos como la sanidad o la educación. Y esto se debe a que la capacidad recaudatoria ha ido menguando en las últimas décadas en favor de los más ricos. Un fenómeno extendido en todo el mundo, que se ha acentuado en los países más desarrollados, incluidos los europeos. En Bélgica, por ejemplo, el impuesto de sociedades se situaba en el 2000 en el 40,17 %, hoy es igual que el de España (25 %), que en el 2000 imponía un gravamen del 35 %. Alemania también hizo lo suyo, al bajarlo del 52 % al 30 %, según datos de Tax Foundation. Por no hablar de las jurisdicciones que aplican tantas deducciones y exenciones especiales a las multinacionales, que hacen que las facturas se acerquen a cero, como Irlanda o Luxemburgo. 

Al margen de la introducción de este impuesto temporal, el FMI también hace hincapié en la necesidad de revisar todos los sistemas tributarios para acabar con la impunidad fiscal. Y eso exige pasar la lupa en casa y fuera. De nada sirve subir la presión fiscal si otros países la bajan. «En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza», admitió hoy el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro.

Por eso el FMI recomienda a las economías más avanzadas pasar el bisturí al impuesto de sociedades y otros gravámenes como el de la renta, patrimonio o sucesiones, así como cerrar lagunas fiscales: «Hay muchas opciones disponibles». 

Fiscalidad mínima

El FMI ya se declaró ayer favorable al establecimiento de un impuesto mínimo sobre los beneficios para poner fin a la carrera a la baja en la que se han embarcado los países desde hace 40 años. Si no se pone fin a esa competencia desleal y a los regímenes fiscales agresivos, será imposible sanear las finanzas públicas: «Los gobiernos tendrán que reconstruir sus posiciones fiscales tras la crisis y para eso serán necesarias medidas», aseguró la economista jefe de la institución internacional, Gita Gopinath

Su mensaje llega después de que la reputada secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, propusiera llegar a un acuerdo sobre el impuesto mínimo de sociedades: «Estamos trabajando con los países del G20 para acordar un tipo mínimo del impuesto sobre sociedades a nivel global que pueda frenar la carrera hasta el fondo», anunció Yellen. «Hemos estado desde hace tiempo a favor», defendió a su vez Gopinath, preocupada por los efectos en la desigualdad que pueden acarrear la evasión y la elusión fiscal después de esta crisis. Por eso su departamento está trabajando en una propuesta de medidas que no solo aumenten los ingresos de los países, si no que mejoren la progresividad, aumentando los impuestos a las personas más ricas y a las corporaciones altamente rentables para poder conceder un balón de oxígeno a las rentas más bajas.

La Comisión Europea, que lleva tiempo intentando poner orden en la UE y en la OCDE, ha aplaudido la disposición de la nueva Administración norteamericana y espera alcanzar un acuerdo para este verano en el marco de la OCDE. Hay señales de optimismo. Para empezar, Estados Unidos ha retirado la exigencia de dejar al margen a algunos de sus gigantes digitales.

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¿Se imagina cuántos agujeros podría tapar con 2.000 euros más en su bolsillo? Esa es la cantidad que le cuesta al año a cada español la evasión y el fraude fiscal de las grandes fortunas. La factura asciende a un billón de euros en el conjunto de la Unión Europea (UE), según cifras de Bruselas. Para que se hagan una idea: Las trampas fiscales de los ricos generan unas pérdidas anuales equivalentes al Producto Interior Bruto (PIB) de España. «Es un problema sistémico», admitió la Eurocámara en un informe aprobado el pasado mes de noviembre en el que se destaca la «falta de cooperación y coordinación de los Estados miembros».

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