La alta temporalidad, detrás del «milagro» español de los ERTE

Gobierno y agentes sociales concluyen su reunión sin acuerdo para la prórroga


redacción / la voz

«Desde finales de marzo hasta diciembre, el número de personas en ERTE en España se ha reducido en casi 2,9 millones», asegura en uno de sus informes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El ritmo de reincorporación de trabajadores (79,1 %) desde el mayor pico de inactividad, ha sido meteórico. El país solo se ha visto superado por los Países Bajos (85,7 %). Aventaja a potencias que han sufrido un golpe más ponderado de la crisis, como es el caso de Alemania. Las cifras son para sacar pecho, aparentemente. Así lo interpreta el ministerio, que cree que se debe a la capacidad de reacción que tiene la economía española y a unas medidas restrictivas que, «teniendo la salud como prioridad», han sido más laxas -en comparación con las de países europeos del entorno- para sectores intensivos en empleo, como el de la hostelería. Otra cosa es lo que pase de ahora en adelante. Con la tercera ola golpeando los hospitales y los Ejecutivos decretando nuevos cierres, es probable que la cifra aumente en las próximas semanas. Siempre que agentes sociales y el Gobierno lleguen a una prórroga para los ERTE. La reunión de ayer se saldó con otra llamada a seguir negociando los últimos flecos.

Pero, no todos coinciden con el diagnóstico del Gobierno. La secretaria de Empleo del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Galicia, Maica Bouza, sostiene que este «milagro» español tiene que ver con tres factores: con la especialización productiva del país, por el peso del empleo público -donde es más difícil regular las plantillas-, y sobre todo, con el fenómeno de la temporalidad, tan extendida en la economía española. «Hay una flexibilidad tan alta para la contratación temporal que hace que no sea necesario para las empresas recurrir a los ERTE», explica. Hay contratos de un solo mes, de semanas y hasta de días. En caso de que una empresa se vea obligada a cerrar temporalmente por razones sanitarias, no recurre al ERTE, simplemente dejan de renovar los contratos para ajustar los costes. Esos trabajadores que se quedan sin empleo no llegan a entrar en ERTE. Muchos optan por esperar a que mejore la situación y se levanten las restricciones para volver a llamar a la puerta. «Hay que tener en cuenta que nueve de cada diez contratos que se crean por término medio son temporales», apunta Bouza. Según ella, la situación también se repite en Galicia: «En el penúltimo trimestre alrededor del 30 % de los contratos en Galicia eran de una semana. Esos no se van al ERTE».

Una anomalía en la UE

Las estadísticas de Eurostat le dan la razón. España lidera de largo el ránking de trabajo precario en la Unión Europea. Casi el 22 % de los trabajadores en activo en el 2019 tenían trabajos temporales. El doble de la media comunitaria. Para encontrar registros de ese calibre habría que tornar los ojos hacia Montenegro (26,1 %), que no forma parte de la UE.

«A medida que se inició la desescalada en las restricciones a la actividad, la cifra se fue reduciendo a gran velocidad», explica el ministerio, pero no menciona que muchos empleos se evaporaron con el paso de los meses, aligerando la bolsa de los ERTE. De ahí que España tenga hoy solo al 4,5 % de los asalariados en activo (756.000) bajo el paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo, frente al 5,20 % de Alemania (1.950.000) o el 8,9 % del Reino Unido, donde todavía hay 2.400.000 empleados a la espera de retomar la actividad. Los británicos tienen una de las cifras más bajas de temporalidad (3,8 %). En países donde este fenómeno es tan residual, es frecuente que las empresas recurran en primera instancia al ERTE, ya que los contratos no expiran de forma natural y tienen que pagar indemnizaciones en caso de ajuste.

Prohibición de despidos

Otros dos factores secundarios que pueden mantener a raya los ERTE son el endurecimiento de las condiciones para solicitarlo y la reticencia de algunas empresas a recurrir a este mecanismo que las penaliza si despiden en los seis primeros meses posteriores a la reincorporación de trabajadores. Esto hace que busquen fórmulas alternativas de ajuste laboral, como la bajada salarial.

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