¿Cómo afectaría el final de Muface a los funcionarios y al sistema privado?

El Gobierno descarta poner fin a las mutualidades, pero el sector no se fía


Redacción / La Voz

El rumor empezó a extenderse el pasado mes de abril. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Sánchez aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para hacer frente a la crisis del covid-19 para poner en marcha algo que poco o nada tenía que ver con la pandemia. En aquel texto se iniciaba el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (el conocido como Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y desde entonces, el runrún no ha parado de crecer.

La sanidad privada y los funcionarios analizan con miedo cada una de las declaraciones que sale al respecto desde los despachos del ministerio que capitanea José Luis Escrivá. Los primeros, por miedo a perder un negocio con unas cifras realmente jugosas. Los segundos, por las consecuencias que puede tener en su jubilación.

Por mucho que se afanen en negar la mayor y prometer que el fin de Muface y el resto de las mutuas para funcionarios no está sobre la mesa, los trabajadores implicados no se fían. No son pocos. Actualmente, más de 637.000 funcionarios engrosan el Régimen de Clases Pasivas. Forman parte de los cuerpos de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y fuerzas de seguridad del Estado o la mayoría de los docentes.

Jubilación a los 60

Todos estos trabajadores públicos pueden jubilarse voluntariamente desde que cumplen los 60, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Y, en caso de que acumulen 35 años trabajados en la Administración, no se les aplica coeficiente reductor; es decir, se jubilan con el 100 % de la prestación. El temor entre aquellos que se acercan a estas edades ha crecido en los últimos meses con el aumento de mensajes contradictorios que se filtran desde los despachos ministeriales.

Desde sindicatos como CSIF aseguran no saber nada más allá de las comunicaciones que lanzan los portavoces del Gobierno, donde llevan ya unas semanas descartando el final de este sistema. Pero los representantes de los trabajadores muestran sus reservas a las palabras del Ejecutivo. «De lo que tenemos conocimiento es de lo que dicen en el ministerio, que aseguran que Muface como tal no va a acabar. Nosotros nos reservamos la valoración hasta que veamos que es así, porque no lo vemos tan claro. Evidentemente el problema no es tanto Muface, que es la rama asistencial, como las clases pasivas, que es la parte de la jubilación, que es en lo que más se está focalizando el tema», explica José Manuel Moreno, responsable nacional de CSIF en la Seguridad Social.

El recelo ha calado tanto entre la gente, que muchos funcionarios que descartaban hasta la fecha poner fin a su vida laboral han optado por acelerar los plazos y retirarse antes de que cambien por completo las normas del juego. «Hay mucha gente que a pesar de haber cumplido los 60 y poderse jubilar se estaban planteando alargar unos años más su carrera profesional. Desde que se hizo el cambio del sistema al Ministerio de Seguridad Social, las cosas han cambiado. Antes de que les digan que ya no se pueden jubilar, han decidido hacerlo este año», resume Moreno.

700 millones en juego

Otra de las grandes damnificadas de la posible decisión del Gobierno sería la sanidad privada. Desde el sector ven con preocupación las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez. Hay mucho dinero en juego. Setecientos millones de euros en concreto, según las últimas declaraciones del presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) recogidas en El Confidencial. Preguntados por este periódico sobre las consecuencias que podría traer consigo el fin de la mutualidad en este sector, ASPE descartó hacer ninguna declaración más al respecto.

De lo que no hay duda es del golpe que supondría para sus cuentas perder a este nutrido grupo de funcionarios y a sus familiares (a los que también cubre el convenio).

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