Hasta la castigada Italia mima más a su industria que España

El país alpino inyecta oxígeno a sus empresas con un elevado consumo de energía con nuevas subastas de incentivos, mientras que aquí, el sector aguarda que el Gobierno convoque una ya

La fábrica de Celsa Atlantic en el municipio coruñés de A Laracha pertenece al sector electrointensivo
La fábrica de Celsa Atlantic en el municipio coruñés de A Laracha pertenece al sector electrointensivo

redacción / la voz

Fernando Soto no comprende cómo es posible que hasta Italia, tan castigada por el coronavirus, mime más a su industria que España. Se tira de los pelos. Y es que el Gobierno de Roma está convocando subastas de incentivos entre el sector con un elevado consumo de electricidad (electrointensivo) para darle un empujón adicional que reactive, a la vez, el tejido económico italiano. Mientras que aquí, las industrias están casi a dos velas. Soto es el director general de la patronal electrointensiva española (AEGE), que agrupa a empresas de la talla de Alcoa, Ferroatlántica, Celsa, Megasa... Todas ellas cobran un incentivo a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad, esto es, estar a disposición de sufrir apagones eléctricos controlados si el sistema lo requiere, bien para garantizar el suministro del resto de los consumidores, bien para enfriar el precio de la electricidad en los mercados secundarios.

Ese incentivo se reparte en una subasta competitiva. La última fue en diciembre pasado y la bonificación se acaba el 30 de junio. Fue la puja más pírrica de la historia: 4,4 millones de euros para medio año, frente a los 196 del 2019, pero es lo que hay, de momento. De la nueva subasta «nada sabemos, pero algo se está tramitando, aunque la convocatoria tiene que ser antes del 10 de mayo, si no, no da tiempo», aclara.

«De la nueva subasta, nada sabemos, pero algo se está tramitando»

El sector nacional anda de subasta en subasta desde el 2014. Primero eran anuales, últimamente son cada seis meses, bajo amenaza de desaparición. A la Comisión Europea no le gustan. Sin embargo, siguen celebrándose en Italia, en Alemania, en Francia... En todos los países donde se presta el servicio de interrumpibilidad.

Fernando Soto explica que la diferencia principal entre aquellas subastas y las de España es la estabilidad. Es decir, en Italia, por ejemplo, se hace una más importante cada tres años y luego, por el medio, convoca otras más pequeñas a principios de cada ejercicio para completar los incentivos. Ahora prepara otra de refuerzo para este mes. Tienen gran variedad y a la industria española se le ponen los dientes largos. Porque cada nueva puja equivale a nuevo sufrimiento.

Competir como iguales

Una aclaración: el espíritu de esas subastas es igualar el precio de la electricidad al del resto de los países para que así las industrias patrias puedan tutear a sus competidoras. Mismos costes, mismas oportunidades.

Lo cierto es que esas pujas están llamadas a desaparecer, pero para ser sustituidas por otros mecanismos de apoyo. En España están contenidos en el estatuto del consumidor electrointensivo, que, de momento, es un espejismo. «No entendemos que quieran cerrar las subastas si no hay una alternativa, tiene que haber una continuidad» en los incentivos, subraya Soto. La continuidad es el estatuto. Su nacimiento y desarrollo posterior es todo un culebrón iniciado en diciembre del 2018. Por aquel entonces llameaba el incendio Alcoa. La multinacional del aluminio puso sobre la mesa el cierre irreversible de las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés. Una de las razones que esgrimía la empresa se resume en dos palabras: precio eléctrico. Los incentivos ya no eran suficientes -y el mercado internacional del aluminio estaba de pena- y había que cerrar. Meses después decidió venderlas a un comprador que garantizase el empleo (más de 600 operarios) durante dos años como mínimo. Pero el Gobierno central decidió cortar la hemorragia prometiendo un estatuto con medidas nuevas para el sector electrointensivo que sustituyese a las subastas anuales de incentivos.

 

Hubo un primer documento que murió al poco de nacer, en la primavera del 2019, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia avisó de que algunos de los mecanismos podían ser considerados ayudas de Estado, algo así como el demonio en persona para la Comisión Europea. A principios de este 2020 alumbró un segundo borrador, se publicó, se enviaron alegaciones y hasta hoy. Está encallado, contagiado por el coronavirus.

Soto entiende que ahora la prioridad pueda ser otra, pero al menos sí confía en que el sector pueda seguir la segunda mitad del año con más incentivos salidos de una nueva subasta. Espera que no sea tan rácana como la última.

La industria electrointensiva tiene otro mecanismo a su disposición, pero en realidad no lo está. Es la compensación por los costes indirectos de las emisiones de dióxido de carbono, un instrumento del gusto de la Comisión Europea, pero va con cargo a Presupuestos Generales del Estado. Y no los hay nuevos.

Todo un cúmulo de desgracias que la patronal electrointensiva insta al Gobierno a despejar. El director general de AEGE recuerda que la industria es básica para la recuperación económica del país, y que la electrointensiva necesita un «precio eléctrico competitivo y estable». Además, añade que las empresas prestan un servicio, el de interrumpibilidad, necesario para el sistema eléctrico.

El sector se recupera del virus

Durante las dos semanas previas a la Pascua, buena parte de las industrias no imprescindibles tuvieron que parar casi por completo su actividad. También entre los asociados de AEGE. Salvo excepciones, como Alcoa en San Cibrao y Ferroatlántica, ambas del esencial negocio del aluminio. Soto avanza que el consumo eléctrico en el sector se ha recuperado ya en un 85 %.

La luz en España, un 30 % más cara que en Francia en abril

La caída de la demanda eléctrica (casi un 17 % en abril en comparación con el mismo mes del 2019) y el abaratamiento generalizado de las materias primas ha abaratado el precio del megavatio hora. En España cerró abril en 17,65 euros, un 65 % menos. Pero en el resto de Europa pasó lo mismo. Y el español fue un 3,3 % superior al de Alemania y un 31,2 % al de Francia, según datos de AEGE.

Así será el estatuto: contratos a largo plazo y compensaciones por el CO2 y las renovables

A la Comisión Europea no le gustan las subastas de interrumpibilidad, por eso están condenadas a la desaparición, e insta a los Estados a que adopten otras medidas para ayudar a sus industrias a ser competitivas. El Gobierno español ha propuesto tres mecanismos principalmente, incluidos en el estatuto del consumidor electrointensivo. Una de ellas, la suscripción de contratos de compra y venta de energía eléctrica a largo plazo (los PPA o power purchase agreement) directamente con una central de generación renovable, en lugar de adquirirla en el mercado mayorista. A la patronal electrointensiva le parece una fórmula interesante para conseguir energía más barata, pero Fernando Soto resalta que, de momento, no hay ofertas lo suficientemente atractivas, no a precios más competitivos que los de mercado. Así que no puede cuantificar su impacto. Sí lo hace con las otras dos medidas contenidas en el estatuto. La principal, una compensación por el precio que tienen que pagar para comprar derechos de emisión de CO2. El año pasado se repartieron 174 millones, aunque la partida puede superar los 200 millones anuales sin que la Comisión Europea frunza el ceño. El director general de AEGE calcula que si se alcanza la cifra máxima, el ahorro para la industria puede alcanzar los 5,5 euros por megavatio hora. Pero, el problema de las compensaciones por el dióxido de carbono, es que es una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Con lo cual, depende de negociaciones políticas. El borrador de estatuto presentado en febrero pasado incluye otra medida: una bonificación directa en la factura eléctrica en el apartado de cargos dedicado a financiar las primas a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los sistemas eléctricos insulares. El ahorro por esta vía supone 0,54 euros por megavatio hora.

En suma, entre los dos últimos mecanismos, sin contar los PPA, seis euros menos para la industria, cuando las subastas le garantizaban un abaratamiento de entre 4,5 y 9 euros por megavatio hora, según las estimaciones de Soto.

Bruselas investiga el sistema de ayudas del que se benefició Alcoa

cristina porteiro

Negocia con Madrid para aclarar si son compatibles con la normativa de la UE

Son más de 1.000 millones de euros los que la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa se pudo embolsar en la última década a costa de las subastas de interrumpibilidad en España, según cálculos del sector. Estos «subsidios energéticos» que recibió la empresa podrían ser «ayudas de Estado ilegales», de acuerdo a las normas comunitarias.

Según ha podido saber este periódico, Bruselas está pasando la lupa al mecanismo utilizado por Alcoa para garantizar la continuidad de sus plantas de A Coruña y Avilés. Fuentes del Gobierno español admiten que mantienen desde hace tiempo conversaciones con las autoridades europeas en torno a la adecuación de los mecanismos de capacidad que se utilizan en España para garantizar el suministro de energía. La Comisión Europea quiere clarificar concretamente si el actual sistema de subastas es compatible con la legislación sobre ayudas de Estado.

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